EL PERÚ SE DESANGRA
El caso más relevante: el policía que acabó con sicario que acababa de asesinar a un conductor
Por: Omar Chira Fernández
Periodista experto en temas policiales
La violencia ya no es noticia: es rutina. En tan solo una semana del 2026 hemos superado los 20 asesinatos a nivel nacional, según cifras oficiales del SINADEF. Detrás de esos números hay padres, madres, hijos, familias rotas. Pero parece que a nadie en el poder le importa.
Hoy las principales víctimas son los trabajadores del transporte público. Conductores que salen de casa sin saber si volverán. Empresas que llevan más de un año siendo extorsionadas. En algunos casos, obligadas a pagar a tres o más bandas criminales al mismo tiempo. La 41 en Lima Este, “El Chino” en el cono norte, las combis de la Túpac Amaru, la Universitaria, el norte chico. Todos secuestrados por el miedo. Todos pagando cupos como si fuera un impuesto criminal.
¿Y el gobierno? Sin rumbo. Sin estrategia. Más preocupado en la campaña política, en el TikTok y en sus peleas internas que en enfrentar a las mafias que han tomado las calles. La extorsión se ha normalizado porque el Estado decidió ausentarse.
El caso de Comas es una radiografía brutal de esta realidad. En plena avenida Belaúnde, frente a Sedapal, un padre de familia fue asesinado mientras trabajaba. Frente a su esposa y su hija. El sicario tenía nombre y apellido: Ángel Enrique Paredes Ramos, alias “Cantú”. Un delincuente con un historial que daba vergüenza al sistema: robos, armas ilegales, drogas, incluso vinculado al asesinato de un policía en marzo del 2025.
Y aun así caminaba libre. Como si nada. Con impunidad. Porque en este país ser criminal parece tener más derechos que ser ciudadano honesto.
“Cantú” subió como pasajero, fingió bajar en Sedapal y descargó ocho disparos sobre el chofer. Luego huyó, seguro de que nadie lo detendría. Estaba acostumbrado a matar y escapar. Hasta que se topó con un policía de civil que sí hizo su trabajo.
Un agente del Escuadrón Verde vio todo. Persiguió al sicario. Intentó disuadirlo. Pero el criminal siguió huyendo. Entonces vino el disparo de neutralización. Cayó. Punto final.
Hoy algunos opinólogos, desde su cómoda computadora, dicen que debió ser detenido, no abatido. Hablan de derechos humanos sin haber visto a la niña presenciar el asesinato de su padre. Defienden a quien jamás tuvo piedad. A un sujeto que el propio sistema dejó libre hasta que volvió a matar. Un “irreparable”, como bien dijo el general Revoredo.
Ahora está bajo tierra. Ya no porta un arma. Ya no mata. Ya no extorsiona. Ya no atemoriza barrios. Esa es la realidad, aunque les duela.
Y no fue el único caso. Ese mismo 8 de enero, en Bocanegra, cuatro delincuentes intentaron asaltar a una madre que acababa de dar a luz. No sabían que su esposo, técnico retirado de la Marina, estaba en casa. En defensa propia respondió. Dos criminales cayeron. Los otros dos quedaron heridos y bajo custodia policial.
Dos ciudadanos defendiendo la vida frente a un Estado ausente. Dos casos donde la justicia llegó tarde… pero llegó.
Hoy deberían ser reconocidos como lo que son: hombres que actuaron cuando el sistema falló. Porque en el Perú de hoy, la seguridad no la garantiza el Estado. La garantizan quienes se niegan a ser víctimas.
Y esa es la verdadera tragedia.
“Luego huyó, seguro de que nadie lo detendría. Estaba acostumbrado a matar y escapar. Hasta que se topó con un policía de civil que sí hizo su trabajo”.
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21 de diciembre de 2025 se prolongó estado de emergencia por 30 días.
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Estamos en el tercer estado de emergencia declarado por el presidente de la república, José Jerí.
El primero se dio el 22 de octubre por 30 días y el segundo fue el 20 de noviembre. ¿Vemos resultados?
