Columna: Panorama electoral
Por: Marco Cáceres A.
La aprobación del nuevo informe que recomienda la segunda inhabilitación por diez años contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, no revela una defensa del orden constitucional, sino todo lo contrario: expone hasta qué punto el Congreso de la República está dispuesto a retorcer la ley para blindarse a sí mismo y que convierte a los parlamentarios en una casta intocable.
La Constitución es clara: prohíbe la doble percepción de ingresos del Estado. No es una recomendación ni una cláusula ambigua. Es un principio básico para evitar privilegios y conflictos de interés. Aun así, el Congreso aprobó una norma que permitió a legisladores exmilitares cobrar simultáneamente sueldo y pensión. En la práctica, el Parlamento se zurró en la Constitución.
Pero el problema es aún más grave. En el Perú no se puede legislar con nombre propio. Las leyes deben ser generales y abstractas, no diseñadas para beneficiar a un grupo específico de personas. Esta norma favoreció directamente a congresistas militares en retiro, varios de los cuales han votado para inhabilitar a la fiscal que se atrevió a denunciarlos y que, encima, postulan a diputados y senadores en las próximas elecciones de 2026.
En resumen, el Parlamento ha decidido sancionar a una exfiscal por haber hecho aquello que la Constitución le exige: denunciar posibles irregularidades. El “delito” de Espinoza ha sido cuestionar a congresistas que respaldaron una ley que permitió a legisladores exmilitares recibir doble ingreso del Estado, combinando sueldo y pensión. Una norma legalizada por el Congreso, sí, pero profundamente cuestionable en términos éticos y de conflicto de intereses.
Bajo esta lógica perversa, los parlamentarios se erigen en una casta intocable, inmune a cualquier investigación. La función parlamentaria deja de ser representación y se convierte en un escudo absoluto contra cualquier forma de control.
Este caso no trata solo de una exfiscal. Trata de un Congreso que castiga a quien fiscaliza y protege a quien se beneficia. Un Parlamento que ignora la Constitución cuando estorba y la invoca cuando sirve para disciplinar. Así no se defiende el Estado de derecho, se le viola, se le degrada.
