La Comisión Permanente también aprobó extender el Reinfo hasta 2026 en medio de cuestionamientos al proceso de formalización minera
La Comisión Permanente del Congreso aprobó con 16 votos a favor y cuatro en contra el informe final que recomienda inhabilitar a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza por una década. El documento también propone acusarla constitucionalmente por infracción a la Constitución durante su gestión al frente del Ministerio Público. La decisión se produce luego que Espinoza iniciara investigaciones contra congresistas vinculados a un proyecto de ley sobre pensiones militares y policiales.
Las razones detrás de la acusación
Los integrantes de la Comisión Permanente justifican la acusación constitucional señalando que Espinoza Valenzuela abrió investigaciones contra legisladores. Estos parlamentarios estaban relacionados con un proyecto de ley específico. La iniciativa buscaba autorizar la percepción simultánea de remuneración y pensión para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La propuesta de inhabilitación por 10 años representa una de las sanciones más severas que puede imponer el Congreso. Esta medida impediría a la exfiscal ejercer cualquier función pública durante ese período. La votación refleja una clara mayoría en el Legislativo respaldando las recomendaciones del informe.
Reinfo: otra extensión para la minería informal
En la misma sesión, la Comisión Permanente aprobó con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026. Este texto sustitutorio modifica el Decreto Legislativo 1293 que regula el Registro Integral de Formalización Minera. La medida había recibido luz verde en primera votación el pasado 4 de diciembre con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.
El Reinfo es un mecanismo que permite a mineros informales continuar sus operaciones mientras avanzan en su proceso de formalización. Sin embargo, críticos señalan que las sucesivas prórrogas perpetúan la informalidad. La ley ahora será remitida al Ejecutivo para su promulgación u observación.
Esta doble decisión del Congreso evidencia dos líneas de acción paralelas: el endurecimiento contra fiscales que investigan al Legislativo y la flexibilización continua de plazos para sectores extractivos informales.
