La defensa del gobernador del Callao, prófugo desde el lunes, sostiene que la orden judicial se basa en «suspicacias» y «afirmaciones genéricas» sin respaldo probatorio
El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, permanece no habido desde que la Fiscalía ordenó su detención preliminar por 15 días. Su abogado, Humberto Abanto, presentó un recurso de apelación que cuestiona tanto la medida restrictiva como el allanamiento ejecutado a los domicilios de su defendido. Alega ausencia de elementos probatorios que justifiquen estas acciones.
La acusación fiscal y la respuesta de la defensa
El Ministerio Público señala que Castillo habría liderado una organización criminal junto a dos funcionarios de su gestión. Esta red habría direccionado más de 60 contrataciones públicas en la Gobernatura Regional y el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao. Habrían evitado los procesos de selección legales. El perjuicio económico al Estado alcanzaría S/ 1,461,121.10.
Abanto presentó su apelación ante el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao. Solicita que el tribunal revoque completamente la detención preliminar. También pide anular el allanamiento con descerraje, registro domiciliario, incautación y decomiso de bienes que ordenaron contra Castillo.
La defensa argumenta que la Fiscalía basa la supuesta condición de líder criminal en dos hechos: ser gobernador regional y haber designado personas en cargos públicos conforme a sus atribuciones. «Ningún dato objetivo se aporta acerca de que haya participado en los procedimientos de contratación cuestionados», indica el escrito. La Fiscalía sustituye los datos objetivos por simples suspicacias, según el recurso.
Cuestionamiento al riesgo de fuga
El letrado cuestiona duramente los argumentos sobre riesgo de fuga. La resolución judicial menciona que la condición de autoridad política de Castillo «le otorga capacidades logísticas y económicas». También señala que «funcionarios de alto nivel disponen de redes de apoyo». Abanto califica estos argumentos como «afirmaciones genéricas aplicables no solo a cualquier autoridad, sino a toda persona por encima de la línea de pobreza».
El recurso resalta que el juez usa expresiones hipotéticas como «podría» o «es razonable inferir». Esto evidenciaría la ausencia de hechos actuales. «La motivación debe ser concreta y no basada en suspicacias, conjeturas o presunciones genéricas», sostiene el documento. Agrega que esto es especialmente importante cuando se afecta el derecho fundamental a la libertad.
La defensa también cuestiona el supuesto riesgo de destrucción de pruebas. Indica que el juez no acompaña datos objetivos que demuestren intentos de destruir evidencia. Tampoco demuestra que Castillo posea medios para hacerlo. «El texto se limita a enunciar un riesgo abstracto aplicable a cualquier investigación», puntualiza.
Mientras tanto, el general PNP Luis Alberto Lira Limo confirmó que Castillo apareció por última vez en una actividad pública hace cuatro días. La policía mantiene operativos para capturar al gobernador y a otros dos funcionarios que también permanecen prófugos. Hasta el momento, las autoridades han detenido a cinco personas en este caso.
