En los próximos días la defensa de Castillo presentará el pedido de redención de pena según el congresista Guido Bellido.
Bancadas de izquierda preparan en el Congreso proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo.
La situación jurídica de los dos expresidentes —Pedro Castillo Terrones y Martín Vizcarra Cornejo— podría dar un giro decisivo en los próximos meses y podrían salir un mes antes de las elecciones de abril pues al ser en segunda instancia ambos casos de muy pocos imputados (en el caso de Vizcarra un solo sentenciado) y de poca actuación de pruebas se podría resolver en muy poco tiempo, no más de cuatro o cinco sesiones de audiencias.
Fuentes judiciales, penalistas y analistas políticos coinciden en que ambas sentencias podrían ser anuladas o modificadas por la instancia superior, abriendo la puerta a su excarcelación hacia marzo de 2026.
EL CASO CASTILLO:
UNA SENTENCIA
CUESTIONADA QUE
PODRÍA CAERSE EN
APELACIÓN
La reciente condena contra Pedro Castillo por conspiración ha generado un intenso debate jurídico. El fallo, marcado por un voto en discordia y múltiples observaciones procesales, hasido criticado por abogados penalistas que consideran que la construcción del delito es débil y que la sentencia “carece de proporcionalidad y sustento probatorio”.
¿QUÉ PODRÍA OCURRIR
AHORA?
1. Anulación total o parcial en segunda instancia.
Diversos especialistas sostienen que la Sala Superior podría declarar nulidad de la sentencia, debido a supuestas vulneraciones del debido proceso, inconsistencias en la cadena de elementos de convicción y un desarrollo forzado del tipo penal de “conspiración”.
2. Reducción drástica de pena.
Si la Sala concluye que no existió conspiración consumada, podría recalificar el delito a figuras de menor gravedad, lo que habilitaría una revisión inmediata de la prisión efectiva.
3. Redención de la pena.
En caso de mantenerse una sentencia reducida, Castillo podría acogerse a redenciones por estudio y trabajo, un mecanismo legal que —según estimaciones penitenciarias— acortaría
significativamente el tiempo de encierro, dejándolo en condiciones de salir en los primeros meses de 2026.
Según el congresista Guido Bellido y de acuerdo al código de ejecución, Pedro Castillo ya habría cumplido el primer tercio de la pena si se incluye la redención por trabajo o estudio con lo que se espera que los abogados de Castillo accionen esta posibilidad en los próximos días y será finalmente un juez de ejecución quien decida.
EL CASO VIZCARRA: EL
FALLO POR LOMAS DE
ILO Y MOQUEGUA NO
ESTÁ FIRME
En paralelo, diversos constitucionalistas coinciden en que la sentencia contra Martín Vizcarra por presuntos sobornos tiene un futuro incierto. Factores clave en la apelación
1. La sentencia aún no está consentida. Cualquier variación que introduzca la Sala Penal Superior puede anularla, reducirla o incluso absolver al exmandatario.
2. Pruebas consideradas no concluyentes.
La defensa ha insistido en que los testimonios que sustentan la condena carecen de corroboraciones sólidas. Esto abre un flanco que la Sala podría valorar a su favor.
3. Escenario político y garantías.
Analistas políticos observan que Vizcarra ha denunciado la existencia de presiones políticas detrás del proceso. En segunda instancia, donde se revisa únicamente el derecho aplicado, las presiones externas pierden peso y el estándar de prueba es más estricto.
¿SALIDA EN MARZO?
EL CÁLCULO QUE
PREOCUPA A MÁS
DE UNO
Si las Salas Superiores avanzan con los calendarios previstos, ambos casos podrían resolverse entre febrero y marzo de 2026. De anularse o reducirse las condenas:
• Pedro Castillo podría obtener excarcelación inmediata por nulidad o por aplicación de redenciones.
• Martín Vizcarra podría obtener absolución o una variación de pena que no implique prisión efectiva. Este escenario abriría un terremoto político de cara al proceso electoral de 2026, con dos expresidentes —ambos con bases sociales fuertes— recuperando libertad y eventualmente protagonismo.
EL TRASFONDO
POLÍTICO: TEMORES,
CÁLCULOS Y SILENCIOS
Mientras tanto, en sectores del Congreso y del Ejecutivo se percibe preocupación: la eventual liberación de Castillo y Vizcarra podría reconfigurar el tablero político, fortalecer a sectores críticos del régimen transitorio y dinamitar varios relatos instalados desde 2022. En el entorno de los abogados defensores, sin embargo, la lectura es clara: “las sentencias no van a resistir una revisión técnica seria”.
