El Poder Judicial desmontó los argumentos falsos de la concesionaria de Odebrecht y Brookfield, que intentó evadir suspensión ordenada en octubre
El popular refrán «la mentira tiene patas cortas» parece aplicarse con precisión al reciente comportamiento de Rutas de Lima. La concesionaria formada por Brookfield y Odebrecht retomó el cobro de peajes en Villa y Punta Negra el fin de semana pasado, argumentando que su apelación le permitía hacerlo. Sin embargo, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac acaba de desbaratar esta maniobra y ordenó la suspensión inmediata del cobro, bajo apercibimiento de multas millonarias.
Una orden clara e inapelable
La jueza Patricia Romero Medina ordenó que Rutas de Lima suspenda de inmediato el cobro en ambas casetas. La resolución del 4 de noviembre establece la ejecución inmediata de la sentencia previa del 13 de octubre, que ya había declarado fundado en parte el habeas corpus presentado por la Municipalidad de Santa María del Mar. Esta nueva orden es de cumplimiento obligatorio, aunque la apelación de la concesionaria continúe su trámite en la Sala Penal de Lima Sur.
El conflicto escaló cuando Rutas de Lima reinició el cobro de peajes el domingo pasado. La empresa alegaba que su apelación tenía efecto suspensivo según el Código Procesal Constitucional. Esta interpretación resultó completamente falsa. El abogado Wilber Medina, representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, precisó que las normas citadas por la concesionaria se refieren a otros recursos judiciales.
Los argumentos que no prosperaron
La concesionaria había presentado varios argumentos ante el juzgado. Señalaba que la ejecución le causaría «perjuicios económicos desproporcionados» y que la apelación debería paralizar la orden. El tribunal rechazó estos planteamientos. La magistrada determinó que la ejecución inmediata no genera daño irreversible para Rutas de Lima, pues cualquier monto no recaudado podría reclamarse posteriormente en arbitraje con intereses.
El mandato judicial especifica que la Secretaría del juzgado debe formar un incidente procesal. Este trasladará todas las actuaciones al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, que continuará el trámite. La orden entra en vigencia tras su notificación oficial. Cualquier incumplimiento derivará en sanciones económicas consecutivas contra la empresa.
Un conflicto de impacto millonario
Esta disputa judicial refleja una tensión más amplia entre la concesionaria y las autoridades municipales. Las municipalidades reclaman la nulidad de los contratos alegando abusos y falta de inversión adecuada en las vías. La recaudación mensual por peajes genera sumas millonarias, lo que explica el fuerte impacto social y económico de estas decisiones judiciales.
El caso evidencia un posible desacato a la autoridad judicial por parte de Rutas de Lima. La empresa ignoró su compromiso del 29 de octubre de ejecutar la suspensión original y reinició el cobro basándose en interpretaciones jurídicas erróneas.
