Expresidente Vizcarra investigado por corrupción, quien fuera vacado por incapacidad moral permanente, en un acto de provocación busca ser vicepresidente otra vez.
El famoso ‘Largato’ tiene en su haber tres inhabilitaciones vigentes, por lo que no puede ocupar cargo público alguno por diez años.
Cual clan familiar junto a su hermano quiere armar una fórmula presidencial con la esperanza que la Corte IDH le revoque las sanciones.
Martín Vizcarra no abandona su intención de regresar al Palacio de Gobierno. El expresidente, investigado por corrupción y con tres inhabilitaciones vigentes, ahora busca volver como primer vicepresidente en una fórmula que encabeza su hermano
Mario Vizcarra.
La jugada política queda registrada en la Resolución Nº 010-2025-TENA/PPPP del Tribunal Electoral Nacional Autónomo de Perú Primero, el partido que el propio Vizcarra fundó y lidera. El documento aprueba a trámite la fórmula presidencial para las elecciones primarias, pero deja en suspenso su formalización hasta que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos decida sobre la solicitud de medidas cautelares que Vizcarra presentó en julio para anular sus inhabilitaciones.
LA ESTRATEGIA
FAMILIAR
La fórmula presidencial la completa Judith Mendoza Díaz como segunda vicepresidenta. Los hermanos Vizcarra encabezan así una apuesta familiar que depende de una decisión internacional. El Tribunal Electoral del partido estableció que el trámite de inscripción de Martín Vizcarra quedará condicionado a que la Corte IDH emita una resolución favorable dentro del plazo para formalizar candidaturas ante los Jurados Electorales Especiales.
La resolución advierte que si la decisión no llega a tiempo o resulta desfavorable, Vizcarra deberá ser reemplazado por el accesitario correspondiente. Según estimaciones, la respuesta de la Corte IDH debería conocerse en los próximos días de octubre. Las inhabilitaciones que pesan sobre Vizcarra no son menores. La primera llegó en 2021 por el caso ‘vacunagate’, cuando se reveló que él y su esposa recibieron vacunas contra el COVID-19 de manera irregular.
Esta sanción le impide ejercer cargos públicos por 10 años. La segunda inhabilitación data de 2022 y dura cinco años por presuntos actos de corrupción cuando fue ministro de Transportes entre 2016 y 2017. La tercera llegó en 2025, con una inhabilitación de 10 años por el cierre del Congreso que ordenó en 2019. Pese a este escenario, el expresidente mantiene activa su estructura partidaria y sus aspiraciones de retorno al poder.
La provocación de Vizcarra
La insistencia de Martín Vizcarra en retornar al poder pese a tres inhabilitaciones vigentes no es solo un acto de terquedad política, sino una provocación calculada al sistema democrático. Su estrategia de inscribirse como primer vicepresidente junto a su hermano Mario, condicionando todo a una resolución favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demuestra un desprecio absoluto por las sanciones que el Congreso le impuso por vacunarse irregularmente, por conflictos de interés como ministro y por cerrar el Parlamento. Continuar haciendo propaganda política con el fin de lograr una bancada congresal y mantener poder político, incluso cuando el Jurado Nacional de Elecciones confirmó que no puede postular hasta 2031, revela el nivel de conchudez del expresidente. Como advirtió un especialista, su campaña a sabiendas de estar inhabilitado podría
generar un caos en las instituciones y en la democracia si llegara a salir electo. Vizcarra no busca defender sus derechos: busca burlarse de las reglas que aplican para todos los demás peruanos.
DATO: VIZCARRA ACUMULA tres inhabilitaciones parlamentarias que suman 25 años sin ejercer función pública: diez años por el escándalo del “Vacunagate” cuando se vacunó en secreto durante la pandemia, cinco años por vínculos con empresas privadas como ministro de Transportes bajo el gobierno de PPK, y diez años adicionales por la disolución del Congreso en 2019. Además del plano político, enfrenta juicio oral por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, vinculados al cobro de presuntas coimas cuando fue gobernador regional.
