Ms. Álvaro A. Bocanegra Landeras
La incertidumbre política en la que el Perú está desde el 2018 genera varios escenarios uno de ellos es la postergación de reformas estructurales e integrales del sistema tributario.
El 78% de la economía peruana es informal lo que deslumbra claramente el fracaso del sistema tributario peruano. La recaudación peruana depende del 1% de las empresas formales, las demás son Mypes que solo son estadística para la foto. La evolución de la economía digital y la masificación de las billeteras digitales deben servir para que una administración tributaria utilice estos instrumentos que aunados al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) permitan realizar una correcta evolución del sistema tributario peruano, es decir generar más fiscalización efectiva sobre contribuyentes que están entre la formalidad parcial y la total informalidad.
Pero son a estos emprendedores a los que hay que darles las herramientas de predictibilidad jurídica tributaria para que no se vean sorprendidos cuando una administración revise sus gastos, costos y crédito fiscal (IGV) en una fiscalización.
Hay normativa reciente como es la Ley del Sujeto Sin Capacidad Operativa (SSCO) que, en nuestra realidad tributaria, la correcta aplicación de la misma servirá para eliminar a las empresas factureras (empresas cascarón o de fachada que solo venden facturas), pero hay que dejar atrás viejas normas como el ITAN y el Sistema de Detracciones (SPOT).
Es entendible que hay que dotar a la administración de instrumentos legales que le permitan desarrollar con efectividad su trabajo. Pero también se debe entender el complejo sistema de economía sumergida que existe en nuestro país.
Negarse aceptar esto es pedir nuevos resultados aplicando la misma medicina. Entonces cuando escucho los discursos en donde se habla de ampliar la base tributaria (insertar a más contribuyentes al sistema. Respondo: ¿Por qué no empiezas con adaptar tus normas tributarias a la economía peruana?
Normas como el SPOT (Sistemas de Detracciones- Decreto Legislativo 940) tuvieron una motivación y utilidad hasta antes de pandemia, el objetivo de esta norma es asegurar el pago mediante un ahorro forzado. Pero este mecanismo no es idóneo para las Mypes a las cuales las desfinancia.
