El Congreso debate derogar una norma que equilibra la acción policial con las garantías procesales, un avance que ahora peligra por presiones sectoriales.
El Proyecto de Ley N° 12843/2025 presentado por el congresista de Acción Popular, Juan Carlos Moris Celis, pone en peligro los sendos avances gracias a la Ley 32108 que pretende derogar. ¿La razón? Un bulo creado desde la izquierda caviar la cual ha tratado de instalar una narrativa falsa sobre un paquete de leyes que regulan el abuso de jueces y fiscales pero que los caviares llama como leyes «procrimen». Un engañamuchachos.
La posible derogación de la Ley 32108, ley que fuera en su día impulsada por el congresista de Perú Libre y segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, representa un retroceso en la protección de derechos fundamentales durante investigaciones penales. Para colmo, su derogatoria es planteada con un proyecto de ley plagado de bulos, fake news y pésima argumentación jurídica, lo que denota improvisación e ignorancia de parte del Grupo Parlamentario de Acción Popular. Su populismo no puede ser más oportunista.
El Congreso evalúa un proyecto que busca eliminar la obligatoriedad de la presencia de un abogado en el registro, aunque algunos medios han desinformado confundiendo registro con allanamiento, debido a que incluso hay congresistas que no entienden tal diferencia. Estos desinformados creen qu se afecta el factor sorpresa, cuando la norma promulgada establece que el allanamiento es sin aviso previo y la presencia de abogado defensor es solo para el momento del registro.
Esta norma, aprobada en 2024 por insistencia del Congreso, estableció controles esenciales contra abusos y definió con precisión el crimen organizado. Su anulación debilitaría garantías ciudadanas y favorecería interpretaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.
Garantiza el factor sorpresa y el debido proceso
La Ley N°32108 introdujo requisitos claros para investigar el crimen organizado. La norma exige demostrar una estructura criminal con jerarquía, permanencia y objetivos económicos definidos. Esto evita que se persigan como crimen organizado delitos que no responden a esa complejidad.
La presencia de un abogado defensor desde el inicio del registro es otra garantía clave. Esta disposición busca prevenir posibles excesos durante los registros. Los críticos alegan que esta medida elimina el factor sorpresa en las operaciones policiales, lo cual es falso y nace de la ignorancia respecto al proceso de allanamiento. El derecho a la defensa técnica es fundamental en un Estado de Derecho.
Dicha medida es esencial para evitar que los casos se caigan en Fiscalía. Muchos fiscales, siguiendo la Constitución, han dejado libre a cientos de delincuentes porque no tenían abogado defensor durante el registro posterior al allanamiento. Por lo que derogar esta ley sería un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.
Conflictos normativos y soluciones integrales
Los detractores señalan sin mayor argumento incompatibilidades con el artículo 44 de la Constitución sobre seguridad ciudadana. También mencionan contradicciones con la Convención de Palermo sobre cooperación internacional. No obstante, la ley no impide la cooperación, sino que establece parámetros claros para las investigaciones.
El proyecto derogatorio propone crear un Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar una reforma legal. Sin embargo, parte de la base de anular una ley existente que ha sido hasta ahora más útil que antes de su promulgación.
La derogatoria podría desmontar un sistema de garantías sin ofrecer una alternativa inmediata.
La ley que fuera de autoriza de Waldemar Cerrón fue el resultado de un debate democrático y una insistencia parlamentaria que reflejó la voluntad del legislativo.
