Crisis política peruana tras la vacancia de Dina Boluarte (2025)
Por Fabricio Saavedra T. y Fabian Rodríguez P.
En la madrugada del 10 de octubre de 2025, Dina Boluarte Zegarra fue vacada bajo la invocación del artículo 113, numeral 2°, de la Constitución Política, es decir, causal de incapacidad moral. Se aplicó una vacancia exprés debido a la abrumadora cantidad de votos a favor de la misma: el cálculo terminó con 123 votos a favor; de acuerdo con el artículo 89-A, inciso c) del Reglamento del Congreso, bastaban 104 votos para proceder a una vacancia sin necesidad de los tres a diez días contemplados ordinariamente. Más allá de una solución definitiva a la crisis política que nos acompaña desde hace más de un lustro, lo cierto es que el ahora presidente interino, José Jerí, quien, por sucesión constitucional, al ser presidente del Congreso, le correspondió recibir la banda, representa una prolongación de esta crisis en muchos sentidos.
En el futuro cercano, se avizoran protestas ciudadanas en respuesta a esta asunción de mando, que enarbolan demandas poco realistas. El enfoque de los siguientes párrafos será demostrar que, sin una agenda política clara, estos nuevos grupos o colectivos, que se lanzan a la manifestación sin dudar, contribuyen, en realidad, a la misma inestabilidad política que piensan combatir. Empecemos con los caminos que llevarían a la vacancia o censura de José Jerí. Estos son dos caminos legalmente diferenciados.
Vacar a Jerí, en teoría, es posible si se alcanza la supermayoría de 104 congresistas (cuatro quintas partes de los habilitados), lo que produciría una vacancia exprés conforme al artículo 89-A, inciso c) del Reglamento del Congreso, dato mencionado anteriormente. Si no se llega a ese número, la moción debe discutirse entre el tercer y décimo día posterior a su admisión, garantizando el derecho a la defensa del presidente en funciones y requiriendo solo dos tercios de los votos de los congresistas habilitados. En la práctica, esto resulta inviable, ya que, dadas las votaciones en la moción de censura a su Mesa Directiva, Jerí cuenta con el apoyo del fujimorismo, el acuñismo, Perú Libre, Somos Perú (su partido de origen), Acción Popular y un no agrupado.
Según el Tribunal Constitucional (Exp. N.° 803-2023-PHC/TC, numeral 28°), la causal de incapacidad moral del artículo 113°, numeral 2°, de la Constitución configura un modelo sui géneris de juicio político, dejando su interpretación al Congreso, de modo que incluso una inconducta menor podría derivar en vacancia si las fuerzas políticas lo deciden. Esto nos lleva a afirmar la importancia del cálculo de votos al momento de evaluar una potencial vacancia y la imposibilidad actual de la misma, al menos en la coyuntura actual. De igual manera, la vacancia generaría, de acuerdo con la sucesión constitucional, el pase de mando al congresista Rospigliosi, actual presidente interino del Congreso. ¿Realmente los manifestantes buscarán reemplazar a José Jerí por un fujimorista? Dado el explícito antifujimorismo de los colectivos convocados, parece ser que estos no conocen el concepto de sucesión constitucional.
En cuanto a la posibilidad de censura, si se presenta y aprueba una moción de censura a la Mesa Directiva, esta se extendería al presidente en funciones —que sigue siendo el presidente del Congreso—, y el resultado sería la remoción de José Jerí y la elección de una nueva Mesa Directiva, cuyo titular asumiría la Presidencia de la República interina. Ante una eventual nueva Mesa Directiva, el reemplazo provendría necesariamente del actual Congreso, sin posibilidad de recurrir a figuras externas o reinstalar a Pedro Castillo (la vacancia es jurídicamente irrevocable). Por lo cual, proclamas muy difundidas en las últimas semanas sobre un cierre del Congreso no solo incurren en inconstitucionalidad, sino que también nos llevan a preguntarnos: ¿entonces quién nos gobernará? Parece que estos reclamos no parten de un diagnóstico previo, sino que son el resultado de apasionamientos sin visión alguna.
En el plano político, las propuestas claramente anárquicas que plantean un adelanto inmediato de elecciones devienen en constitucional y materialmente inviables por la logística electoral y la falta de base legal. Aunque se hable del susodicho adelanto, no es posible convocar comicios «inmediatos» fuera del calendario fijado. La Constitución establece que, ante impedimento permanente, asume el vicepresidente o el presidente del Congreso, quien convoca elecciones, pero la Ley N.° 27375 y su interpretación doctrinaria no alteran los límites del cronograma electoral. La Resolución N.° 0126-2025-JNE fijó plazos específicos reforzados por el Decreto Supremo N.° 039-2025-PCM, que convoca elecciones generales para el 12 de abril de 2026, lo que hace inviable adelantar los comicios. Intentar forzar un adelanto generaría, más bien, un vacío político real, pues deslegitimaría el calendario vigente, paralizaría el aparato estatal y abriría una pugna entre poderes sin base legal ni soporte institucional.
Además, las elecciones generales implican un proceso logístico complejo con etapas perentorias —como las primarias reguladas por el artículo 21° de la Ley de Organizaciones Políticas— que involucran al RENIEC, JNE y ONPE, lo que hace imposible reprogramar el proceso antes de abril de 2026. El cronograma electoral fijado por estas entidades no constituye solo un trámite administrativo: es el eje que coordina las funciones del Congreso, del Ejecutivo interino y de los organismos electorales. La responsabilidad constitucional de Jerí como presidente interino es garantizar el desarrollo de las elecciones del 12 de abril y la segunda vuelta del 7 de junio de 2026; incumplirlo sí sería causal de vacancia. Actualmente, la ONPE y el JNE ya han convocado y calendarizado las elecciones generales, y los especialistas coinciden en que los plazos administrativos y procesales hacen imposible reprogramarlas.
En cuanto a los «favoritos de la Gen Z», se menciona la posibilidad de Susel Paredes o Flor Pablo como eventuales presidentes tras una vacancia, lo que legalmente podría darse si se elige una nueva Mesa Directiva. Vamos por partes: primero, designar a alguien «a dedo» cometería el error de basar la gobernabilidad en figuras sin articulación política real, pues los congresistas ya mencionados no poseen partido consolidado ni bloque en el Legislativo, impidiendo su gobernabilidad. El problema no radica únicamente en que, si cada presidente impopular fuera reemplazado, el país caería en un ciclo interminable de sucesiones, sino también en que resulta imposible cuantificar, dentro de una manifestación, cuál es realmente la voluntad política del llamado «fervor popular». Las protestas no reflejan legitimidad democrática, pues, así se manifiesten 100 mil personas, sería solo en Lima y representarían menos del 3 % del poder político efectivo; ceder ante ellas sería rendir el sistema democrático ante caprichos demagógicos que solo aumentarían la inestabilidad del país. Recordemos la naturaleza problemática de escoger a un candidato dentro del Congreso nosotros mismos, permitiendo los juicios axiológicos que solo engrosarían más la crisis política que ya vive el Perú.
A esto se suma la controversia y los juicios emitibles sobre figuras como Susel Paredes, quien tuvo entre sus asesores a un pedófilo sentenciado (Marvin Gianinni Gómez Gonzales, condenado a cadena perpetua), promovió leyes que favorecen la regulación de la prostitución, en contra de la salud pública (como eliminar las pruebas de VIH en prostitutas) y benefició a su esposa Cayetana Aljovín y a su cuñada mediante la Ley 9806/2024, siendo ambas accionistas de Esmeralda Corp, empresa que vendió toneladas de alimentos a Qali Warma. Más allá de esto, tanto Paredes como Pablo carecen de bancada sólida, lo que dejaría al Ejecutivo dependiente de ONG y organismos internacionales sin representación política efectiva en el Legislativo, generando un gobierno débil e incapaz de construir consensos, que inevitablemente buscaría apoyo externo, subordinando al país a agendas internacionales ajenas a la realidad política peruana, tanto política como culturalmente, además de la dependencia que generan las políticas asistencialistas externas ya ampliamente documentadas.
En conclusión, existen razones legítimas para dudar del nuevo gobierno; asimismo, hay un riesgo no menor de ver el continuismo de la mediocridad y el estancamiento en esta etapa (aunque se cuestione esta idea por las políticas prístinas y su nuevo gabinete). Empero, tenemos que diagnosticar el problema y luego solucionarlo: protestar sin agenda política ni apoyo de actores políticos clave es un salto al vacío en el peor de los casos; en el mejor, buenas intenciones acaban apoyando intereses oscuros, tanto como los que supuestamente se intentan desterrar de la política peruana. En definitiva, la falta de organización, casi natural en la sociedad peruana, nos cuesta caro a la hora de reclamar soluciones, aunque esto otorgue un espacio a nuevos líderes, potencial que a día de hoy no se discute lo suficiente, pero que, esperemos, sea ocupado por personas preparadas y con una visión de Estado.
