UNA INVESTIGACIÓN DE SALUD CON LUPA, realizada por Jason Martínez y Brayan Ramos, revela que el Consorcio San JoseMaría procesaba y distribuía sangre de pollo refrigerada en un local insalubre de Comas, sin autorización sanitaria, pese a tener un contrato de 5,7 millones de soles con la Municipalidad de Lima. El municipio recién anuló el contrato el 17 de septiembre y lo justificó por falta de presupuesto, sin admitir los riesgos sanitarios.
El Consorcio San JoseMaría, proveedor de la Municipalidad de Lima para las ollas comunes, operó sin la licencia sanitaria requerida y en un local que incumplía medidas básicas de higiene. Pese a ello, ganó en mayo de 2025 una licitación por 5,7 millones de soles para entregar más de 673 mil kilos de sangre de pollo refrigerada. Así lo reveló Salud con lupa en un reportaje firmado por Jason Martínez y Brayan Ramos, sustentado en documentos oficiales, actas de inspección y testimonios de extrabajadores.
El 15 de julio, inspectores del Senasa constataron que el local de Comas solo
estaba autorizado para faenar pollos, no para procesar ni vender sangre refrigerada. El Informe de Fiscalización N.° D000034-2025-Midagri-Senasa determinó que el consorcio carecía de registros de inocuidad y que cometía una infracción grave al Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. La sanción incluyó la suspensión de su única licencia vigente por 90 días.
Los testimonios de extrabajadores, recogidos por Salud con lupa, describen prácticas de alto riesgo: la sangre llegaba en barriles plásticos sin sellos ni refrigeración adecuada, apenas cubierta con bolsas negras.
La materia prima se almacenaba en los mismos contenedores que las bolsas terminadas, y se “limpiaba” manualmente con agua de pozo. El personal era contratado informalmente, no tenía carné de sanidad y varios no recibieron pago. Las dirigentas de ollas comunes habían advertido del “olor a perro muerto”, que funcionarios minimizaron como “olor natural”.
Pese a estas evidencias, la Municipalidad de Lima anuló el contrato recién el 17 de septiembre mediante una carta notarial. El municipio alegó “limitación presupuestal insalvable” y evitó mencionar los riesgos sanitarios confirmados por el Senasa. Con ello, liberó al consorcio de sanciones, aunque el contrato establecía penalidades por incumplir requisitos de autorización sanitaria.
El consorcio estaba integrado por Negociaciones Valentina Kar y Corporación JoseMaría, empresas sin experiencia en sangre refrigerada. Valentina Kar ya había vendido conservas
de sangre de vacuno por más de S/ 13 millones, cuestionadas también por mal olor, pero nunca investigadas. Rodrigo Ramos Rojas, dueño de Corporación JoseMaría, sostuvo reuniones previas con Isabel Ayala, gerenta de Desarrollo Humano, responsable de las compras de alimentos, lo que evidencia cercanía entre proveedor y municipio.
Durante semanas, las mujeres de las ollas comunes denunciaron públicamente que el producto entregado tenía un hedor insoportable y que se deterioraba rápidamente. Lejos de atender sus reclamos, el alcalde Rafael López Aliaga descalificó a las dirigentas y acusó de “mentirosa” a Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima. Sin embargo, las inspecciones posteriores confirmaron que las denuncias eran ciertas.
El municipio incluso admitió en su propia resolución que el uso de cajas térmicas era “técnica y sanitariamente indispensable”, pero rechazó la medida porque elevaba el precio unitario a S/ 8,69 por kilo, un sobrecosto de casi S/ 94 mil. Aun así, justificó la anulación del contrato únicamente por presupuesto, ignorando el riesgo sanitario.
Hoy, el caso está en manos de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima,
a cargo del fiscal adjunto Jhonny Fajardo. Miles de familias que dependen de las ollas comunes esperan que se garantice la entrega de alimentos seguros y que las responsabilidades políticas y penales sean asumidas. Una política diseñada para combatir la anemia terminó poniendo en riesgo la salud de la población más vulnerable.
Una cancelación sin asumir riesgos
La Municipalidad de Lima anuló el contrato con el Consorcio San JoseMaría alegando falta de presupuesto, sin reconocer que la licencia sanitaria había sido suspendida ni activar la penalidad contractual correspondiente. Con esta fórmula, liberó al proveedor de sanciones y soslayó las advertencias del Senasa.
En los hechos, la comuna protegió al consorcio y evitó admitir que miles de familias en 23 distritos fueron expuestas a un producto de alto riesgo. El caso abre dudas sobre los controles municipales y el rol de los funcionarios que aprobaron y supervisaron la operación.
