Le costó caro no ejecutar resolución que reponía como titular del Ministerio Público a Patricia Benavides.
Previamente el Ejecutivo condenó su actitud de empañar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió suspender por seis meses a Delia Espinoza Valenzuela en su condición de fiscal suprema y fiscal de la Nación. La medida, aprobada este viernes 19 de septiembre, se enmarca en un proceso disciplinario abierto por su desacato a la resolución que ordenaba la restitución de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.
El pleno de la JNJ concluyó que Espinoza cometió faltas muy graves contempladas en la Ley de la Carrera Fiscal. Entre ellas, ignorar un mandato expreso, impedir el ejercicio de funciones de una colega, negarse a convocar a la Junta de Fiscales Supremos y alentar presiones en la sede institucional para resistir el cumplimiento de la ley. Para los consejeros, su conducta reflejó un quiebre en el respeto a la institucionalidad y a la confianza ciudadana.
Lejos de dar explicaciones, Espinoza optó por ausentarse de la audiencia. Desde la prensa, lanzó ataques contra los consejeros y los acusó de delitos como abuso de autoridad y prevaricato, en un discurso marcado por la confrontación y el victimismo. No obstante, esas declaraciones no detuvieron el proceso y la sanción fue notificada de inmediato.
La decisión fue impulsada por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, y respaldada por la mayoría de consejeros. Solo se apartó del debate
Francisco Távara, por haber adelantado opinión. La sanción podrá ser apelada, pero ello no impide que Espinoza deje el cargo de inmediato.
Durante su suspensión, la conducción del Ministerio Público recaerá en el fiscal supremo de mayor antigüedad, Pablo Sánchez Velarde. Si este declina, la posta pasará a Zoraida Ávalos o, de ser necesario, a Tomás Gálvez. Con ello, la JNJ aseguró la continuidad institucional frente al vacío dejado por la sancionada.
El Ejecutivo había advertido que la actitud de Espinoza comprometía la transparencia de las elecciones de 2026. Su salida es vista como un paso necesario para frenar la politización de la justicia y garantizar que el Ministerio Público no sea tomado como un bastión personal.
Se victimizó hasta el final
Incluso minutos antes de conocerse la suspensión, Delia Espinoza buscó
victimizarse ante la prensa, asegurando que la JNJ actuaba de manera “arbitraria e inconstitucional”. Sus ataques desesperados contra los consejeros revelaron la falta de argumentos de fondo para defender su permanencia en el cargo.
En lugar de asumir responsabilidad por su desacato, insistió en acusar a sus
jueces de “delitos” y en presentarse como una perseguida. La estrategia de victimización, sin embargo, terminó aislándola y dejó en claro que su permanencia en el Ministerio Público era insostenible.
