Doce obispos del Perú rechazaron la ley de amnistía promulgada el 13 de agosto que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados por delitos durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000.
Los prelados, encabezados por el cardenal Carlos Castillo, advirtieron que la norma fomenta la impunidad en crímenes de lesa humanidad y vulnera los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos.La Conferencia Episcopal Peruana, respaldada por diócesis y vicariatos de todas las regiones del país, expresó su preocupación a través de un comunicado titulado «Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia». Los obispos sostienen que la amnistía desconoce los tratados internacionales suscritos por el Perú y exhortan al Poder Judicial a ejercer control constitucional sobre la ley.
La amnistía vulnera los derechos de las víctimas
Los obispos advierten que la norma vulnera el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas, debilitando la reconciliación nacional. «Sin justicia no hay paz. Si no se respeta la justicia, se genera la ley del fuerte sobre el débil», señala la carta firmada por el Arzobispado de Lima, el Arzobispado de Trujillo y diversas diócesis.
El documento cita las enseñanzas del Papa Francisco y reafirma el compromiso con los derechos humanos «que no dejen a nadie de lado y que estén fundados en la verdad y la justicia». Los obispos consideran que la amnistía representa una grave herida en nuestro país.
Recuerdan crímenes del Estado durante conflicto interno
La carta recuerda las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que identificó a Sendero Luminoso como el principal perpetrador de crímenes durante el conflicto armado. Sin embargo, también reconoció graves violaciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los obispos lamentan que «algunos de quienes tenían el deber de cuidar a sus hermanos» respondieran con «igual barbarie» al terrorismo. «La afirmación de que la guerra justifica cualquier muerte, incluso la de inocentes, representa una grave herida en el frágil tejido social del país y debilita todo esfuerzo de unidad».
Pedido al Poder Judicial
El comunicado exhorta al Poder Judicial a aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad frente a la norma. «En nombre de la justicia, inapliquen esta ley que genera impunidad frente a delitos de grave crueldad», piden los obispos, citando el versículo bíblico de Amós 5:24: «¡Que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne!».
Ellos consideran que «la ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y su vida misma, y le resta gravedad a la muerte y a los delitos que con ensañamiento se perpetraron contra seres humanos». El pedido cobra especial relevancia considerando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió que la amnistía contradice resoluciones previas.
Riesgo de ruptura de acuerdos internacionales
El pronunciamiento alerta sobre el riesgo de que el Perú rompa acuerdos internacionales de derechos humanos y se alinee con «tendencias que pretenden debilitar el orden democrático y la protección internacional». «El Perú no puede ni debe apartarse de tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía», advierten.
El texto también recoge frases de San Juan Pablo II durante su visita a Ayacucho en 1985, recordando a las víctimas que no pierdan la esperanza y que el mal puede ser vencido con el bien. En medio del debate político, la voz de la Iglesia se suma a la de organismos nacionales e internacionales que piden revertir o limitar los efectos de la amnistía, subrayando que «el compromiso con los derechos humanos no termina nunca».
