La Fiscalía Penal indagó por 120 días al ejecutivo Hugo Goicochea tras denuncias de la ONPE sobre servicios de telecomunicaciones sin autorización durante la campaña electoral de 2021.
La Fiscalía Penal de Lima investiga al gerente general de Canvia, Hugo Goicochea Piana, por presunto perjuicio económico al Estado. La empresa, subsidiaria del grupo Graña y Montero, habría prestado servicios sin contar con las autorizaciones correspondientes durante la campaña presidencial de 2021.
El fiscal Luis Sánchez Valverde abrió una investigación preparatoria que durará 120 días. Los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberán declarar como testigos de la investigación. La denuncia surgió desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que detectó irregularidades en los contratos firmados con la empresa.
Los contratos cuestionados
Canvia había contratado previamente con Sedapal y la Oficina de Normalización Previsional para brindar servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos reveló información comprometedora sobre la empresa. Los servicios que ofrecía Canvia incluían «consultoría de informática y gestión de instalaciones» y «otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos».
La empresa operaba a través de memorandos internos numerados 626-2025-MTC/28.02 y 681-2025-MTC/27.02. Estos documentos advertían sobre autorizaciones otorgadas en trámite para prestar servicios de radiodifusión. También mencionaban «no contar con autorización para concesión para prestar servicios públicos de telecomunicaciones».
El contexto empresarial
Canvia forma parte del conglomerado AI Inversiones Palo Alto II SAC, cuya razón social anterior fue GMD. El grupo empresarial Graña y Montero enfrentó anteriormente consecuencias penales por casos de corrupción. La investigación actual surge en un momento donde el Estado peruano intensifica el control sobre contratos públicos.
Riesgo para la seguridad nacional
La Fiscalía investiga a Canvia en un momento crítico para la seguridad pública. Las investigaciones por corrupción y la reciente aceptación de delitos en más de 32 obras por parte del grupo empresarial ponen en riesgo los fondos públicos. También comprometen la continuidad de contratos con un proveedor que maneja información estratégica del Estado peruano.
La empresa tiene a su cargo la gestión de datos del agua en Lima Metropolitana a través de SEDAPAL. También administra la base de datos de inversiones y pensionistas del fondo público ONP. Además, controla la base de datos de todo el sistema de registros públicos del país. Esta concentración de información sensible en manos de una sola empresa genera alertas sobre seguridad nacional.
El riesgo se agrava porque información y recursos estratégicos están bajo control de funcionarios de una empresa que confesó prácticas corruptas. El grupo admitió pagar sobornos y concertar contratos irregulares. Mantiene casos abiertos por corrupción y malas prácticas empresariales que afectan la confianza pública.
La situación actual representa una amenaza directa a la seguridad del Estado. Los datos personales de millones de peruanos, información financiera crítica y registros públicos fundamentales quedan expuestos. La falta de autorizaciones del MTC agrava esta vulnerabilidad al confirmar que la empresa operaba fuera del marco legal establecido.
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