Tribunal internacional pide suspender trámite de ley que afecta casos Barrios Altos y La Cantuta. Víctimas denuncian impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado peruano suspender de forma inmediata el trámite del proyecto de Ley de Amnistía que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las fuerzas del orden y comités de autodefensa por crímenes cometidos entre 1980 y 2000. El tribunal advirtió que, de aprobarse, no deberá aplicarse a los casos Barrios Altos y La Cantuta, hasta que se evalúe su impacto sobre las víctimas. Además, convocó a una audiencia pública el 21 de agosto de 2025 en Costa Rica. Mientras tanto, las víctimas exigen justicia, y el ministro del Interior rechazó el pedido afirmando: “No nos pueden marcar la pauta”.
Corte IDH exige frenar ley que amenaza derecho a la justicia
La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, pidió al Estado peruano que suspenda “inmediatamente” el trámite de la ley que pretende otorgar amnistía a los militares, policías y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La norma afectaría directamente los casos Barrios Altos y La Cantuta, por lo que la Corte solicitó que esta no surta efectos jurídicos hasta que emita una decisión de fondo sobre las medidas provisionales en curso.
La resolución también instruye que, si el Gobierno continúa con el trámite, el sistema de justicia debe abstenerse de aplicar la ley en los casos mencionados. Todo esto con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Audiencia pública en Costa Rica
La Corte Interamericana convocó a una audiencia pública para tratar este tema. Se llevará a cabo el 21 de agosto de 2025, de 17:15 a 19:00 horas, en su sede en San José, Costa Rica, como parte del 179° Período Ordinario de Sesiones. A la reunión deberán asistir representantes del Estado peruano, de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado del Perú, a las representantes de las víctimas de ambos casos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señala el documento oficial.
“No nos están garantizando justicia”
El origen de la medida se encuentra en la audiencia pública del 17 de junio de 2024, cuando la Corte Interamericana escuchó a los representantes de las víctimas. Gisela Ortiz, vocera de los familiares, señaló que el Estado peruano no ha garantizado justicia ni ha capturado a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
“Estamos aquí para defender nuestro derecho a la verdad y a la justicia, derechos que el Estado peruano no está garantizando. Durante estos 30 y 40 años, hemos sido los familiares de las víctimas quienes hemos estado activamente exigiendo no solo una investigación imparcial y la individualización de los responsables que realizaron la violación de los derechos humanos, sino también condenas efectivas”, expresó Ortiz.
Rechazo del Ejecutivo
Desde el Gobierno, la respuesta fue de rechazo. El ministro del Interior, Carlos Malaver, desestimó la solicitud de la Corte IDH y defendió la ley aprobada en primera votación por el Congreso. “No nos pueden marcar la pauta, no nos pueden decir qué hacer”, dijo. Además, respaldó la iniciativa como exoficial: “Soy un general en situación de retiro pero sigo siendo policía, ¿cómo no estar de acuerdo con haber visto 35 años de mi vida persecuciones por demás? Estoy de acuerdo completamente. Tenemos que defender nuestra soberanía”.
El pronunciamiento del tribunal internacional enfrenta ahora la resistencia del Gobierno y un Congreso que ya dio luz verde al proyecto, en un contexto donde la exigencia de justicia por parte de las víctimas choca con los discursos de impunidad y soberanía mal entendida.
