Jefe de la ONPE buscaría conocer eventual investigación por su deficiente gestión. Autoridades deben investigar presunta intromisión en pleno proceso electoral.
Una nueva sombra de sospecha se cierne sobre la transparencia del proceso electoral nacional, tras revelarse que Víctor Hugo Quiñones Melchor, servidor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) e investigado por sus presuntos vínculos con la red criminal conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, sostuvo una reunión no oficial con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, en pleno desarrollo del calendario electoral.
El hecho, registrado el pasado 8 de mayo de 2025, ocurrió en la oficina 1404 de la sede central de la ONPE, en el Cercado de Lima, entre las 09:51 a.m. y las 10:07 a.m., según consta en el registro oficial de visitas.
Aunque el ingreso figura en el sistema como una “reunión de trabajo”, se tiene conocimiento de la no autorización ni justificación institucional para dicho encuentro, ni por parte de la JNJ ni de la ONPE, lo que ha encendido las alarmas respecto a la legalidad, pertinencia y objetivos de dicha reunión. Quiñones Melchor es un personaje ampliamente cuestionado. Enfermero de formación, ingresó a la administración pública como chofer, y durante la era del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), logró extraños beneficios y posiciones inusuales para su perfil profesional. Su nombre aparece vinculado a las redes de poder que tejieron “Los Hermanitos”, como se denominó a los implicados en el escándalo de corrupción judicial de los últimos años.
Actualmente se desempeña como personal de protocolo en la Junta Nacional de Justicia, cargo que, según diversos testimonios recogidos en la denuncia presentada ante el ente autónomo, habría sido utilizado para realizar funciones extraoficiales, como “mensajero” o “intermediario” de algún funcionario o incluso magistrado que buscaría influir o alertar sobre determinadas acciones institucionales.
En tal sentido se tiene que conocimiento de las cercanías de Quiñones Melchor con el no menos cuestionado miembro de la JNJ, Francisco Távara, quien constantemente le daría “encargos”,
dentro de un red de varios otros funcionarios y trabajadores de la institución, de diferentes áreas, provenientes del anterior CNM y que ocupan puestos claves con el fin de entorpecer a las diversas gestiones.
Según la denuncia que ya se encuentra en manos de la Junta Nacional de Justicia, Víctor Quiñones habría incurrido en diversas faltas administrativas graves, entre las que destacan:
• Inasistencia injustificada a su centro de labores
durante el horario de trabajo.
• Uso indebido de la investidura institucional para
realizar actos ajenos a
sus funciones.
• Participación en una reunión de carácter sospechoso en un contexto
electoral sensible.
• Posible afectación a la
neutralidad e imparcialidad de la función pública.
La información recopilada señala que Quiñones no contaba con ningún encargo institucional para visitar la sede de la ONPE ni tenía funciones encomendadas vinculadas a procesos electorales. Pese a ello, el registro de ingreso fue camuflado como “reunión de trabajo”, un término que genera suspicacia por la ausencia de documentos o informes oficiales que la sustenten.
¿MENSAJERO DE QUIÉN?
Dada la escasa formación académica de Quiñones y su cuestionado historial laboral, diversas fuentes sostienen que su rol en este episodio no sería el de un interlocutor autónomo, sino más bien el de un mandadero de intereses ocultos. La sospecha más grave apunta a que podría estar operando por encargo de algún funcionario o incluso magistrado de la propia Junta Nacional de Justicia, con interés en conocer o interferir en las acciones de la ONPE durante el proceso electoral en curso.
El caso ya ha sido elevado a los órganos de control interno de la Junta Nacional de Justicia, que deberán proceder con la máxima rigurosidad, no solo para determinar la responsabilidad administrativa de Quiñones Melchor, sino también para esclarecer si existen funcionarios de mayor jerarquía involucrados en esta posible red de interferencias.
Dada la relevancia del contexto electoral, y la necesidad de mantener la neutralidad de las instituciones públicas, la investigación de este caso debe ser asumida también por otras instancias de control, incluyendo el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Jurado Nacional de Elecciones.
