Delia Espinoza denuncia por cohecho a juez Checkley y fiscal Terán, acusándolos de favorecer a Patricia Benavides para proteger a su hermana Enma.
Pero la fiscal Espinoza también ha sido cuestionada por sus disputas internas en el Ministerio Público y el uso político de su cargo.
La guerra de filtraciones, denuncias cruzadas y pactos bajo la mesa pone en evidencia que el enfrentamiento no es por justicia, sino por control.
La denuncia constitucional presentada ante el Congreso sostiene que el juez Juan Carlos Checkley habría favorecido a Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, a cambio de que se archivara una investigación en su contra. Dicha causa estaba en manos del fiscal Uriel Terán, quien también habría recibido promesas de continuidad en el cargo si no avanzaba con las pesquisas contra el magistrado. Para la Fiscalía, ambos funcionarios formaron parte de una red que habría operado entre agosto de 2022 y noviembre de 2023.
Según la tesis fiscal, este supuesto pacto permitió el sobreseimiento de las imputaciones contra Enma Benavides y su posterior reincorporación al Poder Judicial. Tras una cuestionada resolución de la Junta Nacional de Justicia, la jueza regresó a sus funciones y ahora preside la Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima, a pesar de haber sido destituida en 2024 por influencias indebidas y vínculos con presuntos narcotraficantes.Sin embargo, el impulso de esta denuncia también levanta sospechas. La fiscal Delia Espinoza ha sido criticada por sectores del propio Ministerio Público, que la acusan de instrumentalizar sus cargos para desplazar a fiscales incómodos o alinear investigaciones
A través del Ministerio de Defensa, el gobierno de Dina Boluarte presentó este dictamen el cual exigiría a los medios a cortar su programación habitual y emitir el himno nacional con objetivos políticos. Su enfrentamiento abierto con figuras vinculadas a la gestión anterior —como Benavides— ha derivado en una guerra interna donde las denuncias parecen ser también herramientas de
vendetta institucional.
El Congreso se convierte ahora en el nuevo campo de batalla, donde se decidirá si la denuncia contra Checkley y Terán procede. Pero más allá de la legalidad del caso, lo que queda claro es que el Ministerio Público y el Poder Judicial atraviesan una crisis de legitimidad, con autoridades que se acusan mutuamente de corrupción, tráfico de influencias y pactos oscuros.
En este contexto, la ciudadanía observa una justicia fragmentada y cada vez más politizada. Las acusaciones cruzadas ya no generan sorpresa, sino desconfianza. Y mientras fiscales y jueces se enfrentan en una guerra sin cuartel, los casos verdaderamente urgentes siguen estancados.
