El Ministerio Público inició una investigación preliminar por presunto uso de documentos falsos y fraude procesal en un insólito caso que involucra la supuesta falsificación de escrituras coloniales con firmas de virreyes fallecidos hace siglos. El objetivo: apropiarse ilegalmente de más de 52 hectáreas de terrenos en el distrito de Lurín.
Según la denuncia presentada por César Fernando Ophelan Pérez, representante de la Asociación Civil ProJusticia, los documentos habrían sido utilizados en un proceso judicial de “mejor derecho de propiedad” donde se reconoció parcialmente la titularidad de un extenso predio a favor del ciudadano Racso Gerardo Guillermo Miro Quesada Vegas y su litisconsorte Gloria Isabel Huapaya Blas.
VIRREY PEDRO TOLEDO
Lo que ha encendido las alarmas es el contenido de los títulos presentados, en los que figuran como firmantes personajes históricos como el virrey García Sarmiento de Sotomayor y el virrey Pedro Toledo y Leiva, quienes, según registros históricos, ya habían fallecido para la fecha en la que supuestamente se otorgaron los documentos, en el año 1746. También se mencionan como participantes Fray Santiago de la Peña, Pedro Cajahuaringa y Antonio de Ulloa, todos improbables cofirmantes en un mismo acto.
COMUNIDAD DE CUCUYA
Estos documentos, considerados “históricamente imposibles” por el denunciante, fueron protocolizados en 1923 ante una notaría de Lima y luego utilizados como prueba sustancial en el expediente judicial N.° 00583-2017-0-3003-JR-CI-01, que culminó en una sentencia que favoreció a los denunciados con la propiedad de más de 520 mil metros cuadrados de terreno.
La denuncia señala que este presunto accionar fraudulento no solo afectaría al Estado Peruano —representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial— sino también a la Comunidad Campesina de Cucuya, la cual aparece como parte vendedora en una operación inmobiliaria sustentada en dichos documentos.
INICIAN DILIGENCIAS. Ante la gravedad del caso, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín ha dispuesto iniciar diligencias preliminares por el plazo de 60 días, entre ellas, la toma de declaraciones a los involucrados, la solicitud de información a SUNARP sobre la partida registral del predio y la verificación de la autenticidad de los documentos utilizados.
