Poder Judicial niega suspender cobro del peaje y rechaza pedido para que la Municipalidad de Lima administre Línea Amarilla.
El Poder Judicial desestimó el pedido del Ministerio Público para suspender la recaudación de peajes en la concesión Línea Amarilla, operada actualmente por la empresa Lima Expresa S.A.C., y también rechazó que la Municipalidad Metropolitana de Lima —a través de EMAPE S.A.— asuma la administración judicial del proyecto. La decisión es del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el marco del proceso que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán y la constructora brasileña OAS por presuntos delitos como lavado de activos, colusión y asociación ilícita.
Sin suspensión de peajes ni nuevo administrador
“Se declara infundada la petición fiscal de suspensión temporal de las actividades de recaudación de peaje en la concesión del proyecto Línea Amarilla, operada por la persona jurídica Lima Expresa S.A.C. (antes Línea Amarilla S.A.C. – LAMSAC)”, señala la resolución judicial. El fallo incluye dos secciones de peajes: la primera con cuatro puntos de cobro, que suman 49 casetas manuales y 4 PEX; y la segunda con tres peajes y 20 casetas manuales.
El Ministerio Público —a través del Equipo Especial Lava Jato— había solicitado esta medida en el marco de la investigación por supuestas irregularidades cometidas entre 2009 y 2016 durante la gestión de Villarán. Según el requerimiento fiscal, las modificaciones al contrato de concesión con Línea Amarilla habrían sido pactadas bajo condiciones poco claras, en reuniones que involucraron a altos funcionarios del municipio y representantes de OAS.
El documento judicial menciona que durante una de esas reuniones se trató “el cambio de denominación del proyecto de la concesión”, en referencia al proyecto Línea Amarilla. En dichos encuentros participaron Miguel Prialé Ugas, Luis Guillermo Guiufo, Valfredo de Assis Ribeiro Filho y Augusto Cesar Ferreira e Uzeda, este último como superintendente de OAS Internacional.
PJ: No es una medida preventiva
Pese a estos antecedentes, el juez Chávez Tamariz indicó que el pedido del Ministerio Público no corresponde a una medida preventiva o cautelar, sino que tendría el carácter de una sentencia. Esto resulta improcedente en una etapa del proceso que aún se encuentra en fase intermedia. Por tanto, el Poder Judicial rechazó el requerimiento fiscal por considerar que no corresponde al momento procesal actual.
Con esta decisión, Lima Expresa continuará operando la recaudación de peajes en la Vía de Evitamiento y el túnel bajo el río Rímac. Mientras tanto, la investigación judicial por el caso Villarán y las presuntas irregularidades en las concesiones municipales sigue su curso, sin que hasta el momento se dicte una medida directa que afecte el flujo económico de la concesión.
