La evidencia apunta a reuniones sistemática entre altos funcionarios del Ejecutivo y de la Minera Poderosa que controla Pataz a su voluntad.
Decreto Supremo N.º 012-2025-EM establece nuevas causales de exclusión del REINFO que curiosamente benefician directamente a la gran empresa minera.
En medio de una grave crisis social, el Gobierno de Dina Boluarte aprueba un decreto que acelera la expulsión de cientos de mineros ancestrales del REINFO.
La evidencia apunta a reuniones sistemáticas entre funcionarios de Minera Poderosa y altos despachos estatales. Hoy, el Ejecutivo parece responder más a los intereses de una minera que a los derechos del pueblo que dice representar.
Mientras el Gobierno publica el Decreto Supremo N.º 012-2025-EM, que establece nuevas causales de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), se revela un patrón evidente de influencia indebida y presión política: la Compañía Minera Poderosa ha desplegado a sus principales operadores en los pasillos del poder para aniquilar el derecho al trabajo de cientos de trabajadores de la minería ancestral en Pataz.
El artículo 13.9 del D.S. 018-2017-EM, referenciado en el nuevo d e c r e t o, i m p i d e el desar r o l l o de actividades extractivas en zonas con títulos formales a nombre de terceros. Esta disposición favorece directamente a Minera Poderosa y deja fuera del proceso de formalización a los mineros ancestrales que, durante años, han laborado en esas mismas áreas con esfuerzo y sin respaldo estatal.
E n t re enero y junio de este año, los ejecutivos Pablo Alfredo de la Flor Belaunde, gerente de Asuntos Corporativos, y Mariano Pacheco Ortiz, jefe de Propiedades Mineras, realizaron múltiples visitas a instituciones clave del Estado: MINEM, PCM, MININTER, MEF, MINDEF y SUNAT. Estas acciones no fueron fortuitas: coinciden directamente con la emisión del D.S. 012-2025-EM y con la elaboración de informes que fundamentan la exclusión masiva de trabajadores de la minería ancestral.
En particular, Mariano Pacheco registró más de quince ingresos al Ministerio de Energía y Minas en menos de seis meses. La frecuencia y el contexto de estas reuniones evidencian una estrategia concreta: preparar el marco normativo y operativo para
desalojar a quienes han ejercido legítimamente la minería ancestral en la región.
La situación es crítica. Ya se ha identificado a 423 mineros para ser excluidos del REINFO, con informes emitidos por el propio Ministerio de Energía y Minas. Según fuentes locales, desde el 30 de junio se ha desplegado un operativo de interdicciones con participación de la Policía Ambiental, SUCAMEC, Fiscalía y el Gobierno Regional, todo ello en coordinación directa con Minera Poderosa.
Este operativo constituye una sentencia de muerte para la minería ancestral en Pataz. Los reportes están firmados. Se está preparando la lista de afectados. La maquinaria estatal ha sido puesta al servicio de una empresa privada, mientras miles de familias son dejadas en la desprotección absoluta, criminalizadas y empujadas a la ruina económica.
No estamos solo ante una norma arbitraria. Estamos frente a un modelo de exclusión social diseñado desde las cúpulas empresariales, con la complicidad de un gobierno que ha renunciado a proteger a sus ciudadanos. La pregunta es ineludible: ¿Quién gobierna el Perú? ¿El Ejecutivo o Minera Poderosa?
Mientras tanto, los trabajadores de la minería ancestral de Pataz –y de muchas otras regiones del país– continúan siendo víctimas de persecución, abandono institucional y ausencia total de voluntad política para aprobar una ley justa de formalización.
Exigen al Gobierno trato igualitario y rechazan la represión como respuesta a su derecho al sustento. “No pedimos favores. Solo queremos coexistir y trabajar en paz. ¿Es tan difícil para Poderosa entender que el Perú también nos pertenece?”, afirman los mineros desde las zonas más golpeadas por estas medidas.
