Entre gallos y medianoche, el PJ –cual mesa de partes del MP– emitió una polémica decisión judicial que deja sin efecto la reposición de Patricia Benavides ordenada por la JNJ y consolida a Delia Espinoza como fiscal de la Nación
El Poder Judicial suspendió temporalmente a Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación por un plazo de 24 meses debido a presuntos delitos de cohecho pasivo, abuso de autoridad y encubrimiento personal. Esta decisión judicial corta de raíz la pugna de poder que mantenía en vilo al Ministerio Público y sepulta definitivamente los intentos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a la controvertida exfiscal.
El golpe caviar que define la batalla
La resolución surge tras una audiencia donde el juez escuchó el requerimiento de la fiscalía de la Nación para suspender a Patricia Benavides por presuntos actos de corrupción y encubrimiento relacionados con el caso «Cuellos Blancos del Puerto». El juez supremo Segismundo León Velasco, quien dictó la medida, se convierte en la figura clave que resuelve un conflicto institucional que amenazaba con paralizar el sistema de justicia.
La medida llega en un momento crucial. Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, había denunciado que la JNJ pretendía sacarla del cargo usando incluso a la Policía Nacional. Los caviares, como los denomina Vanya Thais en su publicación, «ganaron tiempo y se consiguieron un juzgado a la medida». Esta afirmación cobra sentido cuando se observa la velocidad con que se resolvió el caso.
La conspiración detrás del caos
Alejandro Muñante revela en su análisis cómo operaba el sistema: «mientras la fiscal Delia Espinoza se atrincheraba en la Fiscalía con velita en mano y una débil JNJ que hasta pedía permiso para hacer cumplir su resolución, los caviares ganaron tiempo». El congresista describe un escenario donde las maniobras políticas se ejecutaban mientras la justicia tomaba sus propias decisiones.
Roger García confirma la rapidez de la resolución: «Juez supremo resolvió en tiempo récord. Me compadezco por sus asistentes que se han tirado toda la madrugada para sacar este fallo». Esta celeridad contrasta con la habitual lentitud del sistema judicial peruano y sugiere la presión institucional existente.
Los antecedentes que pesaron en la decisión
Carlo Martín aporta un dato demoledor sobre el juez León Velasco: «fue capacitado por IDL en el año 2009 y acusado de liberar terroristas». Esta información alimenta las teorías sobre la influencia de organizaciones no gubernamentales en las decisiones judiciales. El post incluye documentos que muestran cómo varios magistrados, incluyendo al juez León, recibieron capacitación del Instituto de Defensa Legal.
La coincidencia temporal resulta llamativa. Benavides enfrentaba una investigación por obstaculizar el caso Cuellos Blancos del Puerto, precisamente el mismo esquema de corrupción que la JNJ intentaba proteger mediante su reposición. El documento judicial mostrado por García especifica que la suspensión busca evitar que la investigada «pueda afectar el sistema de administración de justicia».
La lógica jurídica detrás de la suspensión
Muñante desarrolla el fundamento legal de la medida citando precedentes. Explica que «la suspensión en el ejercicio de la función pública como medida cautelar solo es legalmente viable durante la etapa de investigación preparatoria, no en la preliminar». Esta precisión técnica desmonta los argumentos de la defensa de Benavides y valida la decisión judicial.
La diferencia es crucial. Durante la investigación preparatoria, el fiscal puede formalizar cargos y solicitar medidas cautelares más severas. La suspensión de Benavides se produce exactamente en este momento procesal, lo que le da mayor solidez jurídica a la decisión.
El mensaje político de fondo
La resolución judicial trasciende el caso individual. Muñante advierte que «estamos ante una pugna de poder por el MP» y que «el afán desmedido de ONG y grupos de presión por mantener en el poder a magistrados funcionales a su agenda está resquebrajando gravemente nuestra institucionalidad». Esta lectura política del conflicto revela las fuerzas en disputa por el control del Ministerio Público.
Vanya Thais resume la situación con crudeza: «Se RATIFICA que Benavides debe volver Y luego sale el PJ, plagado de zurdos y capacitaciones de género, a suspender por dos años a Benavides mientras celebran los que literalmente se cagaron en disposiciones oficiales». Su análisis refleja la percepción de sectores conservadores sobre la politización de la justicia.
La suspensión de Patricia Benavides por 24 meses no solo resuelve temporalmente la crisis del Ministerio Público, sino que establece un precedente sobre los límites del poder judicial frente a las maniobras políticas. Delia Espinoza mantiene su cargo mientras la JNJ queda desautorizada en su intento de imponer decisiones controvertidas. El tiempo dirá si esta resolución fortalece o debilita las instituciones democráticas del país.
