Clody Genaro Guillén Albán
Sociólogo
Máster en Intervención Social
Los discursos sociológicos y estadísticos coinciden en que existen tendencias que vienen afectando a la sociedad postpandemia; justamente, una de estas tendencias es la que afecta a las familias a nivel global.
Si bien, como consecuencia de la crisis de la llamada década pérdida (años 80 del Siglo XX), se han venido experimentando profundos cambios, éstos –como ahora se sabe– se han acelerado con la pandemia del Covid-19, haciéndose evidentes en todo orden de cosas; así, en lo social, dichos cambios son observados especialmente en la dinámica de las familias, las mismas que –debido a la nueva crisis por la que atraviesan como consecuencia de las medidas adoptadas para prevenir los efectos de la pandemia– se han convertido en un «espacio de riesgo» en el que, gracias al aumento del descuido y la desprotección, se facilita la aparición de una infancia en «Alto Riesgo de Deterioro Social», la que constituye un nuevo grupo de riesgo y, por tal, debería ser objeto de atención de las políticas sociales de infancia y a favor de la familia.
Debido a que la sociedad está formada por familias y a que su dinámica es la expresión de la manera en que sus miembros están vinculados, se aprecia que la sociedad postpandemia es modelada por la crisis que ha convertido a la familia en un «espacio de riesgo», en cuya dinámica se observa con claridad la concurrencia de dos procesos que vienen operándose y que recientemente empiezan a ser evidentes y a documentarse como consecuencia de los efectos sociales observados después del aislamiento obligatorio llevado a cabo para evitar los estragos del Covid-19: uno es el proceso de deparentalización y el otro es el proceso de desfamiliarización, los cuales tienen incidencia directa en la situación de los niños y niñas, como el haber sido abandonados en instituciones de protección, expulsados a la calle o alquilados para la mendicidad.
Mejorar la situación de la infancia pasa porque el Estado atienda estos dos procesos, entendiéndose que mejorar la situación de las familias equivale a mejorar la situación de la sociedad; en este sentido, la principal mirada del Estado no puede seguir siendo la protección de los niños y niñas sino la protección de las familias, para lo cual los servicios sociales públicos deben funcionar como una red de protección a las familias cuya labor no se puede reducir a apoyar las intervenciones estatales para institucionalizar a niños y niñas, quienes regresaran a las familias que los expulsaron y de las que muchas veces ya no forman parte.
Proteger a las familias es proteger a la infancia y a la sociedad y, para esto, debe tenerse en cuenta que la vida en instituciones de protección afecta la socialización de niños y niñas y, muchas veces, esto hace que no se integren a la sociedad y que tampoco respeten las normas sociales básicas.
