Minera Poderosa S.A., una de las mayores productoras de oro del Perú, acumula más de 319 millones de soles en sanciones por infracciones ambientales, de acuerdo con el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Minera Poderosa S.A., una de las mayores productoras de oro del Perú, acumula más de 319 millones de soles en sanciones por infracciones ambientales, de acuerdo con el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Las multas corresponden a infracciones cometidas durante más de una década, principalmente en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde la empresa concentra la mayor parte de sus operaciones.
Las faltas incluyen manejo inadecuado de relaves, contaminación de fuentes de agua, degradación de suelos y daños a los ecosistemas. A pesar de ello, la minera continúa operando con normalidad, apelando sistemáticamente cada sanción y retrasando así los cobros y la ejecución de las medidas correctivas.
Para Raúl Noblecilla, asesor legal de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE), este caso revela la impunidad
con la que actúan algunas grandes empresas. “Minera Poderosa se lleva el oro de Pataz, pero deja contaminación y abandono para
nuestras comunidades. Eso no es desarrollo, es extractivismo sin alma”, expresó.
El representante de AMAPE señaló que el comportamiento reiterado de Minera Poderosa contradice el discurso de “empresa socialmente responsable” que intenta promover. “Mientras apelan y postergan todo cumplimiento, las comunidades siguen expuestas a metales pesados, aguas contaminadas y pérdida de medios de vida. No hay
ninguna responsabilidad real con el entorno”, afirmó Noblecilla.
La preocupación se incrementa con la solicitud de Minera Poderosa para ampliar sus operaciones hacia el distrito de Sartimbamba, también en La Libertad. La población local ha rechazado la
concesión de más de mil hectáreas adicionales, advirtiendo que los pasivos ambientales no resueltos pueden afectar aún más al
río Marañón, una fuente de agua clave para la región. “Desde AMAPE respaldamos la decisión de los pueblos de defender su tierra, el agua y su derecho a vivir en un ambiente sano. La minería ancestral
puede coexistir con la naturaleza, pero el modelo de Minera Poderosa prioriza el lucro por encima de la vida”, sostuvo NoblecillaEn ese contexto, AMAPE exhortó al Ministerio del Ambiente, a la Defensoría del Pueblo y al OEFA a ejercer con firmeza su rol de fiscalización. “El Estado no puede seguir permitiendo que una empresa con más de 300 millones de soles en deudas ambientales siga operando como si nada. Las leyes existen para cumplirse, y deben aplicarse sin privilegios”, remarcó.
El caso de Minera Poderosa también revela una problemática estructural: mientras los pequeños mineros enfrentan procesos de formalización difíciles y muchas veces excluyentes, las grandes corporaciones operan con un amplio margen de maniobra, incluso cuando incumplen reiteradamente la ley.
La doble moral en la fiscalización ambiental, una para los pequeños y otra para los grandes, está generando una grave crisis de legitimidad institucional.
Para los voceros de AMAPE, este es un ejemplo más del modelo extractivo concentrador que opera sin controles reales, con complicidad del Estado y en perjuicio de las comunidades.
“El oro no puede valer más que la vida”, concluyó Noblecilla, quien insistió en que el país necesita una política minera que ponga
al centro la sostenibilidad ambiental, la equidad económica y el respeto por las comunidades.
