La Comisión Permanente aprobó un informe que recomienda acusar constitucionalmente al magistrado por favorecer la contratación irregular de un exfuncionario judicial. El caso pasará al Pleno.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes un informe que acusa constitucionalmente al juez supremo Jorge Luis Salas Arenas por presuntamente favorecer la contratación irregular de Pavel Vladimir Cárdenas Peña, exsecretario del entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Con 13 votos a favor, el documento señala que Salas Arenas habría incurrido en negociación incompatible, violando principios de probidad. El magistrado niega las acusaciones y su defensa alega que el proceso es político.
Los cargos: una llamada telefónica cuestionada
El expediente se basa en una denuncia presentada por el exfiscal interino Juan Carlos Villena, quien acusa a Salas Arenas de infringir el artículo 399 del Código Penal, sobre negociación incompatible. Según el informe, el juez habría intervenido en 2017 para que Cárdenas Peña fuera contratado en el Poder Judicial, supuestamente mediante una llamada telefónica a Ríos Montalvo.
El congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), delegado de la denuncia, sostuvo que esta acción representó un «uso indebido del cargo para beneficiar a un tercero». «Esta conducta vulneraría los principios de imparcialidad, transparencia y probidad en la función pública», afirmó.
La defensa: «Es un informe parcial y prejuiciado»
El abogado Elí Vidal, representante de Salas Arenas, defendió al magistrado durante 20 minutos ante la comisión. Argumentó que el informe es parcial y que el caso debería resolverse en la vía judicial, no en el Congreso. «Ya se ha prejuzgado a mi patrocinado en un contexto político», dijo.
Salas Arenas, quien también fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, renunció al antejuicio político. Negó haber presionado por la contratación y aseguró que solo dio una referencia laboral.
El siguiente paso: el Pleno decidirá su destino
Con la aprobación del informe, el caso pasará al Pleno del Congreso. Los encargados de sustentar la acusación serán los congresistas María Acuña (Alianza para el Progreso) y Héctor Ventura.
Si el Pleno respalda el informe, Salas Arenas enfrentaría un juicio político que podría terminar en su destitución. Sin embargo, su defensa insiste en que el proceso está viciado de parcialidad.
Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre la independencia judicial y los límites de la fiscalización política. ¿Fue realmente un acto de corrupción o una exageración con fines políticos? La decisión final quedará en manos del Congreso.
