Katherine Ampuero, militante de Renovación Popular, solicita al JNE la nulidad «de oficio» de Primero la Gente, Perú Primero y Perú Moderno, acusándolos de falsificar firmas para afiliaciones y violar derechos de datos personales.
La exprocuradora y militante de Renovación Popular, Katherine Ampuero, exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular la inscripción de los partidos Primero la Gente, Perú Primero y Perú Moderno, tras denunciar que usaron firmas falsas para registrarse. En un oficio enviado el 20 de mayo al presidente del JNE, Roberto Burneo, Ampuero pidió aplicar la «nulidad de pleno derecho» y acciones penales por presuntos delitos de falsificación documental y tráfico ilegal de datos personales. La denuncia se basa en investigaciones periodísticas que revelarían una «fábrica de firmas» vinculada a estos partidos
Los fundamentos de la denuncia
Ampuero argumenta que los partidos vulneraron el principio democrático al falsear afiliaciones, afectando derechos como la participación política y la autodeterminación informativa. Señala que las resoluciones de inscripción deben anularse porque se basaron en actos administrativos viciados: «Se vulneró el acto de presentar firmas válidas ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)» 26.
Además, exige que el JNE denuncie los hechos ante el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), ya que los padrones falsificados implicarían el uso ilegal de información personal obtenida del RENIEC
El caso de Primero la Gente: «6 soles por ficha»
Un informe del programa Punto Final de Latina reveló que Primero la Gente habría pagado 6 soles por cada ficha falsificada, usando datos del RENIEC para afiliar a personas sin su consentimiento. Un informante de la presunta «fábrica de firmas» entregó 6,000 fichas, de las cuales 4,039 coincidirían con afiliados del partido. «Nunca me he afiliado a ningún partido», declaró uno de los afectados 12.
El personero del partido, Marco Zevallos, negó las acusaciones: «Todas las firmas fueron validadas por el RENIEC». Sin embargo, la precandidata Marisol Pérez Tello exigió investigar: «Si hay pruebas, las usaré para denunciar penalmente»
Qué sigue?
El JNE debe evaluar la solicitud de Ampuero, que podría derivar en la inhabilitación de los partidos y procesos penales. Mientras tanto, la ANPD tendría que investigar las denuncias por uso ilegal de datos personales, un proceso que puede extenderse hasta 160 días hábiles 15.
La controversia reaviva el debate sobre la opacidad en los padrones electorales y la necesidad de reformas para evitar fraudes. Como dijo Villanueva: «El sistema falló antes y sigue fallando»
