Congreso cuestiona gestión de Jorge Montero por baja efectividad en formalización minera y posible favorecimiento a la minería ilegal
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, deberá responder ante el Pleno del Congreso por una moción de interpelación que cuestiona su gestión en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y la lucha contra la minería ilegal. Los congresistas denuncian que este sistema, creado para formalizar mineros, ha terminado facilitando operaciones ilegales, con solo 2,090 mineros formalizados desde 2012 frente a miles inscritos.
Los puntos críticos de la interpelación
La moción, sustentada en el artículo 131 de la Constitución, incluye 20 preguntas sobre la gestión del REINFO. Los legisladores exigen explicaciones sobre por qué el ministerio no ha evitado que mineros informales invadan concesiones formales, desincentivando la inversión privada. También cuestionan la burocracia que enfrentan los mineros legales frente a la facilidad con que los informales operan con simples declaraciones juradas.
Uno de los puntos más polémicos es la reciente modificación del REINFO mediante el Decreto Supremo N.° 009-2025-EM, que introduce un mecanismo de sucesión de titularidad. «¿Qué sustento jurídico tiene esta medida y cómo evitará que beneficie a minería ilegal vinculada al crimen organizado?», plantean los congresistas.
El REINFO: ¿herramienta de formalización o puerta a la ilegalidad?
Desde su creación en 2012, el REINFO ha tenido resultados limitados. De miles de inscritos, menos del 5% completó su formalización. Los parlamentarios señalan que, en lugar de ordenar el sector, el sistema ha permitido que operadores informales usen el registro para legalizar actividades sin cumplir requisitos ambientales y laborales.
«El REINFO se convirtió en un salvoconducto para la minería ilegal», afirmó un legislador durante la presentación de la moción. Además, denuncian un mercado negro de compraventa de licencias REINFO, donde mineros informales adquieren inscripciones para operar sin controles.
La respuesta del Ministerio y lo que sigue
Montero, en el cargo desde noviembre de 2024, ha defendido su gestión argumentando avances en simplificación de trámites. Sin embargo, no ha explicado por qué persisten las invasiones a concesiones legales ni cómo evitará que el nuevo reglamento beneficie a grupos criminales.
Si el Pleno admite la interpelación, el ministro tendrá que responder en el hemiciclo. Los congresistas evalúan incluso un eventual voto de censura si las respuestas no son satisfactorias. Mientras, mineros formales exigen acciones concretas: «No puede ser que cumplamos todos los requisitos y luego otros operen sin pagar impuestos ni respetar normas», dijo un representante del sector.
Un debate con fondo económico y ambiental
El problema no es solo legal. La minería ilegal genera daños ambientales y compite deslealmente con la industria formal. Si el Congreso censura a Montero, el Ejecutivo tendría que replantear su política minera. Por ahora, la presión está sobre el ministro, quien deberá demostrar que el REINFO no es un fracaso, sino una herramienta útil para ordenar el sector.
La interpelación marca un punto de quiebre: o el gobierno corrige el rumbo o el Congreso podría forzar un cambio en Energía y Minas. El tiempo dirá si Montero logra convencer a los legisladores o si su gestión termina en crisis.
