El Ministerio de Cultura (Mincul) vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, el titular del sector, Fabricio Valencia Gibaja, enfrenta serios cuestionamientos por su presunta relación sentimental con Shirley Hopkins Cerna, quien ha recibido órdenes de servicio por un total de 127,500 soles desde su llegada a la cartera. Lo que en un inicio parecía una vinculación personal se ha transformado en un caso con indicios de posibles delitos como negociación incompatible, tráfico de influencias y peculado de uso.
Desde el Congreso de la República, Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización confirmó que el ministro será citado al parlamento tras la denuncia periodística.
La figura central de este escándalo es Shirley Hopkins Cerna, una mujer de 34 años, sin título universitario, que reside en San Borja, a pocas cuadras de la sede del Mincul. Desde mayo de 2024 ha sido contratada reiteradamente por el ministerio bajo diversas órdenes de servicio, a pesar de contar únicamente con estudios técnicos y simples diplomados de corta duración.
La contratación de Hopkins, según denuncias internas, no obedece a criterios meritocráticos, sino a su presunta cercanía con el ministro. Las fuentes aseguran que ambos mantienen una presunta relación sentimental y que esta cercanía se ha traducido en beneficios directos para ella. Además, se ha reportado el uso del vehículo oficial del ministerio para salidas privadas entre ambos, lo cual podría constituir un caso de peculado de uso.
Las cifras hablan por sí solas. Hopkins recibió su primera orden de servicio el 16 de mayo de 2024 por 22,500 soles. Le siguieron contratos de 15 mil, 30 mil y otros dos más, todos emitidos ya bajo la gestión de Valencia. La última orden fue el 2 de abril de 2025, por 30 mil soles, bajo el concepto de “coordinación administrativa para el Gabinete de Asesores”.
A pesar de no cumplir con los requisitos académicos exigidos inicialmente para este tipo de funciones, el Ministerio de Cultura redujo las exigencias de los Términos de Referencia, permitiendo que Hopkins acceda a estos contratos. De acuerdo con la documentación presentada, ella solo cuenta con un título técnico en administración bancaria emitido por un instituto privado.
La situación ha generado un clima de incomodidad y rechazo dentro del Mincul. Altos funcionarios aseguran que el caso es conocido por todo el personal del piso 8, donde se encuentra el despacho ministerial.
Consultada sobre el tema, la abogada Mónica Yaya, experta en contrataciones con el Estado, señala que podrían configurarse los delitos de negociación incompatible, colusión y tráfico de influencias, debido al evidente beneficio económico que Hopkins habría recibido gracias a su vínculo con el ministro. Además, de comprobarse el uso del vehículo oficial con fines privados, estaríamos ante un delito de peculado de uso.
Este nuevo escándalo trae a la memoria el caso Richard Swing, cuando el Ministerio de Cultura, bajo el gobierno de Martín Vizcarra, fue señalado por el otorgamiento irregular de millonarias órdenes de servicio. Lamentablemente, se evidencia que los patrones de favorecimiento político y sentimental se siguen repitiendo.
El caso Valencia-Hopkins es más que una historia de una simple relación: representa una posible utilización del poder para beneficio personal. El dinero pagado a Hopkins no proviene del bolsillo del ministro, sino del presupuesto público, afectando la confianza ciudadana y el principio de transparencia que debería regir la función pública.
Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte guarda silencio, y el ministro Valencia continúa en el cargo. La Fiscalía y la Contraloría tienen ahora la responsabilidad de esclarecer si los vínculos sentimentales han cruzado la línea de lo legal y han comprometido recursos del Estado en beneficio de una persona sin los méritos necesarios para acceder a ese tipo de contrataciones.
Fuente: Lima Gris
