Una familia de pescadores de Sechura ha denunciado públicamente un presunto caso de apropiación fraudulenta de su embarcación pesquera Don Gregorio, producto de una presunta concertación ilícita entre un empresario involucrado en el caso de los Panama Papers y un juez involucrado en el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
De acuerdo con la denuncia de Roberto Eche Panta, Gladys Eche Panta y Eloy Panta Álvarez, propietarios de la embarcación pesquera Don Gregorio, se vieron en la necesidad de financiar la construcción de una nueva nave tras recibir una autorización de incremento de flota por parte de PRODUCE. Para ello, recurrieron a préstamos con garantía mobiliaria sobre su antigua embarcación, suscribiendo contratos con dos empresas vinculadas al armador pesquero Richard Fernando Barreto Paredes.
En total, firmaron préstamos por un valor de US$ 700,000 con las empresas Agronegocios Puerto Chimbote E.I.R.L. y Servicios Constructivos Capurro y Gonzales SAC. Fue así como fueron persuadidos a pagar utilidades que, según los denunciantes, representaban hasta el 61.22% del capital prestado solo en intereses, sobre lo cual aseguran que se trata del delito de usura.
A pesar de haber realizado pagos parciales por un total de US$ 150,000, la empresa Capurro y Gonzales SAC procedió a adjudicarse la embarcación Don Gregorio en noviembre de 2022, por un valor de un millón de dólares, cuando el contrato de mutuo ni siquiera había vencido y sin que los propietarios hubiesen sido informados del proceso.
Lo más grave, denuncian los pescadores, es que en dicha adjudicación se utilizó como representante suyo a una persona totalmente ajena: Ernesto Alejandro Saavedra Holguín, quien sería allegado al empresario Barreto. Este personaje habría sido utilizado para simular la recepción de un cheque de gerencia que nunca fue entregado a los verdaderos propietarios.
Adjudicación de un bien inexistente
Lo que agrava aún más el caso es que, según documentos oficiales, la antigua Don Gregorio ya había sido desguazada desde junio de 2022, conforme al acta HO-003-2022-DC, y su matrícula fue cancelada en abril del mismo año. A pesar de ello, Capurro y Gonzales SAC logró adjudicarse la embarcación en diciembre de 2022.
Este hecho ha sido calificado por los agraviados como una maniobra ilícita que revela complicidad en instancias notariales y registrales, ya que “se adjudicó un bien inexistente que ya no figuraba ni en los registros navales ni en la realidad física”.
Posteriormente, cuando los pescadores obtuvieron el nuevo permiso de pesca para su embarcación Don Gregorio de matrícula PT-67299-PM, PRODUCE autorizó su operación mediante la Resolución Directoral N° 00828-2023-PRODUCE/DGPCHDI. Sin embargo, la empresa Capurro interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Civil de Lurín, a cargo del juez Julio César Arbieto Huansi, magistrado actualmente investigado por presuntos vínculos con la organización “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
A través de una sentencia en primera instancia, el juez ordenó la cancelación del permiso de pesca de la nueva nave y la reactivación del registro de la antigua embarcación. PRODUCE acató esta sentencia de forma inmediata, sin brindar derecho a defensa a los afectados, y emitió la RD N° 0004-2025-PRODUCE/DGPCHDI que dejó sin efecto el permiso de pesca de la familia denunciante.
La resolución se encuentra actualmente apelada y pendiente de decisión por el Viceministerio de Pesca, liderado por Jesús Eloy Barrientos Ruiz, quien según los denunciantes, estaría siendo presionado por sectores interesados para confirmar la nulidad del permiso.
Pescando con cuota ajena
Pese a no contar con una sentencia firme, Capurro y Gonzales SAC ha logrado que PRODUCE le adjudique la cuota de pesca correspondiente a los verdaderos propietarios en dos temporadas consecutivas (segunda temporada 2024 y primera del 2025), beneficiándose de un bien cuya titularidad es altamente cuestionada.
“Nos han quitado todo: nuestra nave, nuestro permiso, nuestra cuota. Nos han dejado sin trabajo. Todo esto ha sido posible por una red de corrupción y abuso del sistema judicial y administrativo”, manifiestan los denunciantes.
Los pescadores han solicitado al Ministerio de la Producción, a la Contraloría General de la República, y al Poder Judicial que investigue con celeridad y profundidad este caso, que evidencia posibles delitos de fraude, estafa, usura, falsedad ideológica y abuso de autoridad, así como irregularidades graves en el accionar de registros públicos, jueces y funcionarios del sector pesca.
“Este empresario se está beneficiando con mil toneladas por temporada, por eso nosotros exigimos al Ministerio de la Producción y la Capitanía del Puerto que actúen con transparencia porque este señor quiere apropiarse de esta licencia ilegalmente que nos pertenece para alimentar a nuestras familias”, dijo uno de los agraviados, Roberto Eche Panta.
Esperan fallo justo
Los demandantes se dirigieron a los jueces que integran la Sala Civil de Lima Sur para pedir que actúen con transparencia, durante la audiencia de este 14 de mayo, donde se revisará la apelación de la sentencia de que emitió el juez de Lurín, ya que se habría incurrido en una serie de irregularidades que los perjudicó con la embarcación familiar.
