El Equipo Especial de Fiscales Lava Jato avanza con acusaciones contra 14 personas por el caso Huachipa, pero su historial genera dudas sobre imparcialidad y enfoque.
El Ministerio Público anunció una nueva acusación del Equipo Lava Jato, esta vez contra funcionarios de Sedapal y ejecutivos de la brasileña Camargo Correa por el proyecto de la Planta de Huachipa. Sin embargo, la credibilidad de estos fiscales no es incuestionable. Su labor ha sido criticada por focalizarse en casos mediáticos mientras ignora otros actores clave en la corrupción sistémica.
Selectividad y espectáculo
Aunque el caso Huachipa involucra un grave perjuicio al Estado —91 millones de soles según la Contraloría—, el patrón del Lava Jato sigue siendo el mismo: imputar a funcionarios de segundo nivel y empresas extranjeras, sin tocar a los grandes poderes políticos y económicos detrás de estos esquemas. ¿Dónde están las acusaciones contra quienes diseñaron las licitaciones amañadas o los altos funcionarios que permitieron estos contratos?
El fiscal Rafael Vela Barba presume de 25 acusaciones, pero ninguna ha significado condenas contundentes contra los verdaderos operadores del saqueo estatal. En cambio, su equipo ha sido señalado por filtraciones estratégicas a medios y un manejo más mediático que jurídico.
Doble rasero y desgaste político
La CGR detectó las irregularidades en Huachipa desde 2018, pero la Fiscalía tardó seis años en actuar. Mientras, otros casos de corrupción local —como los vinculados a gobiernos regionales o contratos mineros— avanzan a paso de tortuga. Esto alimenta sospechas de que el Lava Jato opera con criterios políticos: casos que dan titulares sí, investigaciones incómodas no.
Además, el enfoque en empresas brasileñas (como Odebrecht o Camargo Correa) parece más un guion repetido que una verdadera limpieza. Las constructoras extranjeras son culpables, pero ¿acaso actuaron solas? La falta de imputados en las esferas donde se cocinaron los sobornos —partidos, ministerios, gremios empresariales— revela una justicia a medias.
¿A quién beneficia este circo?
El Lava Jato peruano repite los errores de su homólogo brasileño: procesos inflados por la prensa, pero con resultados magros. Mientras los fiscales celebran acusaciones, el sistema que permitió la corrupción sigue intacto. Sedapal sigue siendo un nido de irregularidades, las licitaciones amañadas continúan y ningún «gran pez» ha pagado por ello.
La ciudadanía exige castigos reales, no espectáculos. Si el MP quiere recuperar credibilidad, debe ir más allá de imputar a chivos expiatorios y atacar las redes de poder que convirtieron al Estado en botín. Hasta entonces, el Lava Jato será solo otra fachada de impunidad.
