Segundo Armas revela que efectivos aparecen para fotos protocolares y luego se retiran a campamentos mineros, dejando desprotegidos a los vecinos en Pataz. Anuncia posible paralización de actividades.
El alcalde de Pataz, Segundo Armas, acusó a la Policía Nacional de priorizar la seguridad de la minera Poderosa sobre la protección de los pobladores. Durante una entrevista el burgomaestre detalló cómo los efectivos solo aparecen brevemente en el pueblo para «tomarse fotos» antes de regresar a las instalaciones mineras, dejando a la población vulnerable. Además, confirmó que las organizaciones sociales preparan medidas de protesta que podrían incluir una paralización general.
La seguridad que solo aparece para la foto
Armas fue contundente al describir el patrón de abandono: «Cualquier ciudadano de Pataz puede confirmarlo. Los policías salen a las calles solo para la foto y luego vuelven a los campamentos de la empresa». El alcalde, quien además reveló que no fue convocado a reuniones con la presidenta Boluarte durante su visita, cuestionó la selectividad en la protección.
Las críticas se intensifican tras el asesinato de 13 trabajadores vinculados a la minera. «Al parecer, los que tienen plata o influencias reciben 500 o mil policías. Al ciudadano común, aunque la muerte lo espere, nadie lo protege», denunció Armas, evidenciando la desigualdad en el despliegue de seguridad.
Malestar social crece en Pataz
El descontento por la desprotección ha llevado a las organizaciones sociales a plantear medidas drásticas. «Las bases se siguen reuniendo. Pronto darán a conocer su plataforma de lucha, probablemente hoy o el lunes», adelantó el alcalde. La Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú estaría sumándose a las protestas.
Entre las acciones que se evalúan está la paralización total de actividades, incluyendo las clases escolares. La medida responde a lo que los pobladores perciben como un abandono deliberado: «El pueblo cree que aquí hay gato encerrado», comentó Armas, sugiriendo desconfianza hacia los intereses detrás de la presencia policial diferenciada.
Dos varas para medir la seguridad
La denuncia del burgomaestre pone en evidencia un patrón recurrente en zonas mineras. Mientras la empresa cuenta con resguardo permanente, los pobladores ven cómo su seguridad queda relegada a apariciones protocolares. «Como autoridad he visto ese comportamiento: primero la foto, después el abandono», insistió.
Este trato desigual ha alimentado la desconfianza popular hacia las instituciones. Los patacinos temen que, tras posibles protestas, la minera «se apropie de todos los trabajos mineros», según expresó el alcalde. La situación refleja la tensión histórica entre comunidades y empresas extractivas, agravada por lo que perciben como complicidad estatal.
Con la amenaza de paralizaciones y el malestar en aumento, el caso de Pataz se convierte en un termómetro de las demandas postergadas en las zonas mineras del país. Mientras tanto, los efectivos policiales siguen apareciendo fugazmente para las fotos, antes de volver a los campamentos que, al parecer, son su verdadera prioridad.
