Desde hoy se rige el toque de queda de 6 p. m. a 6 a. m. en tres distritos. Envían 1.000 policías. Ya van 39 asesinatos y 17 torres voladas.
El Gobierno decretó desde este viernes el inicio del toque de queda en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, tras oficializarse la prórroga por 30 días del estado de emergencia en esta zona minera de La Libertad, azotada por organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y el cobro de cupos. La medida suspende varios derechos fundamentales y busca que militares y policías enfrenten a estas bandas mientras la población permanece en sus casas. La Policía desplegará 1.000 agentes y las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno. Esta nueva disposición llega tras el asesinato de 13 trabajadores de seguridad, y luego de diez estados de emergencia sin resultados, con un saldo de 39 asesinatos y 17 torres de alta tensión voladas en cuatro años.
Toque de queda y derechos restringidos
Desde hoy, en los distritos de Patáz, Parcoy y Tayabamba, el toque de queda regirá de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente. Durante ese horario, la ciudadanía deberá permanecer en sus domicilios, mientras las fuerzas del orden ejecutan operativos contra las mafias que operan en la zona. El Decreto Supremo N° 060-2025-PCM suspende los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y libertad de reunión.
La norma exceptúa a los trabajadores de servicios esenciales como salud, agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, limpieza pública y servicios funerarios. También se permitirá el funcionamiento de farmacias y el desplazamiento de personas que necesiten atención médica o comprar medicamentos.
Presencia militar y restricciones mineras
A partir de hoy, las Fuerzas Armadas toman el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior informó que ha desplegado 1.000 agentes para reforzar la seguridad. Además, se suspende el tránsito para actividades mineras en los tres distritos, lo que ha generado cuestionamientos.
La minera Poderosa expresó preocupación por las pérdidas económicas que esta medida puede generar. Ante ello, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aclaró que solo se afectará a “las empresas que no estén formalizadas”, mientras que las empresas formales podrán continuar operando.
Décimo estado de emergencia sin resultados
Esta es la décima vez que se declara el estado de emergencia en la zona, sin que se logren resultados duraderos. El asesinato de 13 vigilantes de la empresa R&R, que brindaba servicios a la minera Poderosa, empujó al Gobierno a aprobar medidas más drásticas. La empresa ya suma 39 asesinatos y 17 torres de alta tensión destruidas desde 2021. La criminalidad asociada a la minería ilegal sigue imponiendo su ley en Pataz, mientras la respuesta estatal llega tarde y con un saldo cada vez más grave.
