Líder de Perú Libre busca justicia ante medidas judiciales que vulnerarían sus derechos fundamentales. Abogados señalan que el Poder Judicial actúa con parcialidad política en su contra
Cerrón enfrenta embargos injustificados
Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, denuncia persecución judicial tras el embargo de más de 1.6 millones de soles de sus cuentas personales. El Poder Judicial ordenó la incautación sin sentencia firme en su contra.
El dirigente político asegura que estos fondos provienen de remuneraciones legítimas por su trabajo en el Minsa, EsSalud, la UNCP y el Gobierno Regional de Junín. La medida judicial ha sido calificada como arbitraria y abusiva.
Reforma legal abre camino a la devolución
Expertos jurídicos como Andy Carrión sostienen que la nueva ley de extinción de dominio favorecería a Cerrón. Al no existir condena definitiva, el Estado carecería de sustento para retener sus bienes.
«La justicia debe aplicar la norma y devolver lo incautado», señaló Carrión. Criticó que el sistema judicial actúe con selectividad, especialmente contra figuras políticas como Cerrón.
Defensa de los derechos fundamentales
Julián Palacín, ex presidente de Indecopi, denuncia que el caso Cerrón viola principios constitucionales. Subraya que se afecta su presunción de inocencia, propiedad privada y seguridad jurídica sin fundamento legal.
«Es un uso político del sistema judicial», afirmó Palacín. Recordó que varias sentencias contra Cerrón ya fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, demostrando irregularidades procesales.
Doble estándar del sistema judicial
Mientras Cerrón enfrenta embargos sin condena, casos de corrupción emblemáticos gozan de beneficios penitenciarios. Esta disparidad evidencia la politización de la justicia peruana contra líderes reformistas.
Organizaciones sociales exigen coherencia en la aplicación de la extinción de dominio. Denuncian que se usa como arma política contra quienes defienden cambios estructurales en el país.
Compromiso social intacto
Pese a la persecución judicial, Cerrón mantiene su lucha por los sectores más vulnerables. Su defensa legal no ha mermado su activismo a favor de políticas públicas inclusivas y anticorrupción.
«Los pueblos necesitan justicia social, no persecución política», declaró recientemente el líder de Perú Libre. Reiteró que seguirá trabajando por transformaciones democráticas en el país.
¿Hacia una rectificación judicial?
El caso Cerrón pone en debate la necesidad de reformas profundas en el Poder Judicial. La ciudadanía exige imparcialidad y el respeto al debido proceso para todas las personas, sin distinción política.
Mientras tanto, la defensa del exgobernador confía en que la nueva legislación permita revertir estas medidas arbitrarias. El país observa si primará la justicia o la persecución ideológica.
