Ministerio Público cierra fiscalía especializadas en Ayacucho y Vraem, transfiriendo sus casos a oficinas de derechos humanos. Medida genera críticas por debilitar la lucha contra remanentes terroristas y narcotráfico.
Reestructuración del Ministerio Público desarma fiscalías clave contra el terrorismo
El Ministerio Público eliminó las fiscalías especializadas en terrorismo en Ayacucho y el Vraem, zonas históricamente afectadas por la violencia subversiva. Mediante resolución publicada en El Peruano, reasignó los casos a despachos de derechos humanos e interculturalidad. La medida se tomó mientras informes de inteligencia alertan sobre reactivación de grupos armados en estas regiones.
Cinco fiscales antiterroristas fueron reubicados en la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. La carga procesal sobre delitos de terrorismo y apología del terrorismo recaerá ahora en fiscalías con otro perfil. Expertos cuestionan el momento y los criterios técnicos de esta decisión.
Críticas por enfoque contra fuerzas del orden
La medida ha generado rechazo por aparentemente priorizar la investigación a policías y militares sobre el combate a grupos criminales. «Están desmantelando la lucha antiterrorista para perseguir a quienes nos defienden», señaló el congresista Fernando Rospigliosi. Las nuevas fiscalías asignadas carecen de experiencia en casos complejos de terrorismo y narcotráfico.
Organizaciones de derechos humanos apoyan el cambio, argumentando mayor protección a comunidades vulnerables. Sin embargo, autoridades locales temen que se ralenticen investigaciones clave contra remanentes de Sendero Luminoso y redes narco-terroristas.
Preocupación por seguridad en zonas de conflicto
Ayacucho y el Vraem concentran el 70% de los casos activos de terrorismo en el país. La decisión se tomó sin consultar a gobiernos regionales ni a las fuerzas armadas. «Es un mensaje equivocado en medio de operativos contra el narcoterrorismo», advirtió un oficial en reserva.
El Ministerio Público asegura que mantendrá la capacidad investigativa mediante redistribución de recursos. No obstante, especialistas señalan que fusionar fiscalías con enfoques distintos podría afectar la eficacia contra el crimen organizado. El debate continúa sobre los reales motivos de esta polémica reestructuración.
