Durante interpelación por intoxicaciones en Wasi Mikuna, Martínez culpa a madres y Urteaga es cuestionada por presunta corrupción en Cultura.
Durante la interpelación a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, por los casos de intoxicación en el programa Wasi Mikuna en Lima, Piura y Amazonas, el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, emitió declaraciones polémicas que responsabilizan directamente a las madres de familia por la alimentación de sus hijos. En paralelo, Urteaga enfrenta una investigación fiscal por presuntas irregularidades durante su gestión en el Ministerio de Cultura.
Martínez culpa a las madres por la alimentación de sus hijos
En su intervención en el Congreso, Edwin Martínez sostuvo que las madres tienen la “obligación” de participar en la preparación de alimentos para sus hijos, en lugar de depender por completo de los programas sociales del Estado. “Deberían hacer un programa participativo como antes. Compren productos frescos, venidos de la chacra, leches, verduras, carnes, y las mamás que cocinen como cocinaban antes. Nos estamos acostumbrando a darlo todo y eso está mal. La mamá tiene la obligación, si no tiene para comprar el alimento a sus hijos, al menos participar en cocinar y eso lo hacen progresivamente”, declaró el parlamentario.
Las palabras de Martínez surgen en un contexto en que varios escolares resultaron intoxicados tras consumir alimentos del programa estatal Wasi Mikuna. La ministra Urteaga también esta siendo cuestionada en su momento por sugerir que los propios niños podrían tener parte de la responsabilidad. “Tenemos que estar muy atentos a que nuestros niños estén con las manos limpias, a que quien sirve la comida esté cumpliendo con todos los mecanismos de higiene”, afirmó entonces la titular del Midis.
Urteaga bajo investigación fiscal
Leslie Urteaga también enfrenta una investigación del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción cometidos entre 2018 y 2019, cuando se desempeñaba como directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble en el Ministerio de Cultura. Según la Fiscalía, habría coordinado con otros funcionarios la adquisición irregular de 1.500 hitos de concreto que no cumplían con los requisitos técnicos, lo que provocó un perjuicio económico al Estado de S/ 27.075.
La investigación señala que Urteaga encargó de forma verbal la recepción de los hitos a Hugo Zenón Infantes Quispe, sin especificaciones técnicas ni coordinación con la Dirección de Catastro, entidad encargada de verificar estos aspectos. A pesar de ello, ella aprobó la recepción de los materiales, aunque los entregaron con 29 días de retraso, lo que generó una penalidad adicional de S/ 1.425.
También se cuestiona la participación de José Suárez Romero, un presunto proveedor de más de 80 años, quien figura como contratista en los documentos. Sin embargo, en la dirección registrada de su empresa no hay rastro de oficinas ni actividad comercial.
