Poderosas fortunas crecen a la sombra de concesiones que albergan minería ilegal y extorsión en Pataz, La Libertad, en unas cuantas familias
Los Picasso, Arias, Marsano y Navarro Grau, cuatro de las familias más adineradas del Perú, tienen bajo su control el 77% del territorio de la provincia de Pataz en La Libertad. Según investigaciones de Gino Román, estas familias se benefician de un sistema que permite la operación de mineros ilegales y bandas armadas dentro de sus concesiones, generando enormes fortunas mientras la región se hunde en la violencia.
Familias: El imperio dorado de La Poderosa
Las familias Picasso y Arias ocupan los puestos 8 y 6 entre las más ricas del país con patrimonios de $830 y $1,000 millones respectivamente. Ambas controlan Compañía Minera La Poderosa, la segunda mayor productora de oro del Perú.
La Poderosa maneja 70 concesiones a nivel nacional. De estas, 55 se ubican en Pataz, cubriendo 38,000 hectáreas que representan el 28% del territorio provincial.
Los Marsano y su control en Retamas
La familia Marsano, novena fortuna nacional con $760 millones, dirige Minera Aurífera Retamas (MARSA) a través de los hermanos Verónica y Andrés Marsano Conroy. Esta empresa es la quinta productora de oro del país.
MARSA tiene 58 concesiones en todo el Perú. En Pataz controla 45 de ellas, abarcando 32,000 hectáreas que equivalen al 24% de la provincia. Esto les asegura ingresos millonarios por el alquiler de sus terrenos concesionados.
Horizonte y los Navarro Grau
La familia Navarro Grau posee el 78% de Consorcio Minero Horizonte, principal productor aurífero en Pataz. Con un patrimonio de $750 millones, ocupan el décimo lugar entre las fortunas peruanas.
Su imperio incluye 62 concesiones, 50 de ellas en Pataz. Estas abarcan 34,000 hectáreas, casi el 25% del territorio provincial.
Un modelo lucrativo a costa de la legalidad
Las tres empresas controlan en total 150 concesiones en Pataz que suman 104,000 hectáreas. Este sistema ha convertido la región en una «zona sin ley» donde las compañías permiten la operación de mineros ilegales y artesanales a cambio de pagos.
Las mineras facilitan el ingreso de bandas armadas que cobran cupos. Mientras la violencia crece, estas empresas siguen generando ganancias al comprar mineral extraído a un 50-70% de su precio de mercado, evitando así pagar beneficios laborales. Además, según la investigación, estas corporaciones financian a políticos para mantener su dominio territorial.
