El Pleno del Legislativo no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar al expresidente por la disolución del Parlamento, en un proceso marcado por ausencias y acusaciones de persecución política.
El Pleno del Congreso rechazó este miércoles inhabilitar por diez años al expresidente Martín Vizcarra, acusado de disolver «inconstitucionalmente» el Legislativo en 2019. Con 57 votos a favor, 11 en contra y 8 abstenciones, la propuesta no logró los 66 apoyos requeridos. El informe, que buscaba vetar al exmandatario de cargos públicos, fue archivado.
Vizcarra, presente en el hemiciclo, defendió su posición y denunció una «persecución política». Criticó la baja asistencia de congresistas, señalando que solo 40 de 130 participaron en el debate. «No me voy a doblegar», afirmó, antes de conocer el resultado.
¿Por qué se le acusaba?
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había sustentado que Vizcarra violó el artículo 134 de la Constitución al disolver el Congreso en 2019, tras negar dos veces la cuestión de confianza. El informe, aprobado en enero, argumentó que su decisión fue una «denegación fáctica» del Parlamento.
Sin embargo, la inhabilitación no prosperó. Vizcarra ya enfrenta otras sanciones: una por 10 años por el «vacunagate» y otra por 5 años por presuntos conflictos de interés como ministro de Transportes. Para sus críticos, estas acumulaciones reflejan un patrón de impunidad.
Ausencias y descontento
El debate estuvo marcado por la polémica. Vizcarra aprovechó para cuestionar la falta de seriedad del Congreso. «Si no se hubieran ido de vacaciones muchos congresistas, habrían alcanzado los votos», dijo en Canal N. Sugirió que la mayoría buscaba eliminarlo políticamente.
La sesión semipresencial, aprobada un día antes, redujo la participación. Legisladores oficialistas defendieron el proceso, mientras la oposición lo tildó de «débil». La decisión final deja en evidencia las divisiones en un Parlamento que aún arrastra tensiones desde la crisis del 2019.
Un precedente peligroso
La absolución reabre el debate sobre los límites del poder presidencial. Para algunos, el fallo debilita la rendición de cuentas; para otros, evita una criminalización de decisiones políticas. Lo cierto es que Vizcarra, aunque sin inhabilitación, sigue marcado por escándalos que opacan su legado.
Mientras el expresidente insiste en su inocencia, el Congreso pierde otra oportunidad para cerrar un capítulo que sigue dividiendo al país. La sombra del 2019, parece, no se disuelve tan fácilmente.
