Exprimer ministro Otárola busca blindarse con favores en el PJ ante su pugna con presidenta Dina Boluarte
Reapareció el traidor. El expremier Alberto Otárola habría ubicado estratégicamente a tres mujeres de su círculo cercano en puestos clave del Poder Judicial (PJ), con apoyo de la actual presidenta Janet Tello Gilardi. Esta maniobra parece buscar protección en su conflicto con la presidenta Dina Boluarte, mientras Tello enfrenta investigaciones de la Junta Nacional de Justicia.
Cabe resaltar que Otárola es sindicado como uno de los responsables por las matanzas en el sur andino en las protestas a favor de Castillo. Esta movida podría beneficiarlo y limpiarlo de toda culpa. Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, bajo las órdenes políticas de Otárola, más de 50 peruanos fueron asesinados a manos de las fuerzas del orden estatal.
El trío de Otárola en el PJ
Claudett Delgado Llanos asumió la gerencia general del Poder Judicial tras gestiones de Otárola. Este cargo supervisa toda la administración y finanzas del órgano jurisdiccional. La relación entre Otárola y Delgado sería cercana, según fuentes consultadas.
La segunda pieza clave es Ana Parí Morales, quien ocupa ahora la gerencia de Recursos Humanos. Desde esta posición controla quién entra y sale del aparato administrativo judicial. Este manejo del personal constituye un importante instrumento de poder en la estructura interna.
El esquema se completa con Karina Quinde Mogollón como subgerenta de Prensa. Su rol incluye controlar los mensajes institucionales, informes internos y las relaciones con medios tradicionales y digitales. Las tres funcionarias no solo compartirían amistad con Otárola sino también una visión estratégica común.
Otárola: Motivaciones políticas y judiciales
Otárola habría operado políticamente para concretar estos nombramientos como escudo en su confrontación actual con Boluarte, de cuyo gabinete salió envuelto en escándalos. Por su parte, Tello Gilardi tendría sus propios motivos para asegurar alianzas.
La presidenta del Poder Judicial (PJ) afronta una investigación de la Junta Nacional de Justicia. Se le acusa de aplicar normativas ya derogadas en procesos judiciales, lo que podría configurar el delito de prevaricato. Esta situación explicaría su apertura a las influencias del exprimer ministro.
