La fiscal de la Nación denunció penalmente al jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Fernández Jerí.
La decisión demuestra pugna en el Ministerio Público alrededor del fiscal Pérez.
Un nuevo episodio en la guerra interna del gran empresariado peruano por el control de las instituciones del Estado, quedó al descubierto cuando Delia Espinoza, cuestionada fiscal de la Nación, presentó una denuncia contra Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control, solo porque lo habría pedido su fiscal estrella, ahora suspendido, José Domingo Pérez. La acción judicial, que incluye cargos por abuso de autoridad y usurpación de funciones, parece validar selectivamente las quejas del suspendido fiscal, generando dudas sobre la imparcialidad institucional.
El timing de la denuncia levanta sospechas sobre la verdadera motivación de Espinoza, quien hasta ahora había mantenido una postura ambigua frente a denuncias similares de otros fiscales.
FAVORECIMIENTO
EVIDENTE
La controversia alcanzó su clímax tras la suspensión de Pérez, figura emblemática del caso Lava Jato. La rápida reacción de Espinoza en defensa del fiscal suspendido contrasta con su pasividad ante otros casos disciplinarios similares, revelando un aparente trato preferencial. Pérez había denunciado supuestas interferencias para beneficiar a Fuerza Popular, mencionando grabaciones comprometedoras de Fernández Jerí. Sin embargo, analistas señalan que este conflicto refleja una batalla mucho más profunda entre sectores económicos que pugnan por influencia en el sistema judicial.
LA DENUNCIA DE PÉREZ
El suspendido había denunciado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí, por el presunto delito de cohecho. Según el documento presentado sin mucho sustento, Fernández habría coordinado con Christian Salas, abogado del partido Fuerza Popular, para manipular a una informante monitoreada por Harvey Colchado, con el objetivo de abrir investigaciones contra los fiscales Marita Barreto, Rafael Vela y el propio Pérez. Pérez sostiene que Fernández usó su cargo para retirar de sus funciones a fiscales que investigaban a Fuerza Popular. También afirma que el jefe de la ANC operó bajo intereses vinculados a ese partido. “Le habría dado indicaciones al abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, para persuadir a una informante”, señala la denuncia. El objetivo habría sido fabricar argumentos para iniciar procesos contra los fiscales del caso ‘Cócteles’ y ‘Valkiria Jericó’. “El audio evidenció un plan”, insistió Pérez en declaraciones que encontraron respaldo inmediato en Espinoza, cuyas acciones parecen favorecer consistentemente a una misma facción dentro del Ministerio Público.
DISPUTA DE ALTO NIVEL
Aunque Fernández Jerí rechazó las acusaciones sobre la grabación, la intervención de Espinoza eleva el conflicto a niveles institucionales mientras la Junta Nacional de Justicia evalúa iniciar sus propios procedimientos. Esta disputa entre altos funcionarios revela cómo las investigaciones anticorrupción se han convertido en campo de batalla para intereses de clase económico-políticos contrapuestos.
Las principales corporaciones financieras y comerciales del país parecen haber trasladado su histórica rivalidad al terreno judicial, comprometiendo la independencia de un sistema que debería mantenerse al margen de influencias externas. Las decisiones de Espinoza reflejarían cada vez más claramente su alineación con uno de estos bandos, cuestionando la objetividad de quien debería garantizar la neutralidad del Ministerio Público en esta pugna de poder.
El trasfondo
Esta confrontación en la fiscalía materializa el enfrentamiento entre dos facciones de la gran burguesía que buscan controlar las instituciones estatales. Por un lado, el sector financiero alineado con tendencias progresistas liberales (caviares) respalda figuras como Pérez; por otro, el empresariado comercial vinculado al conservadurismo nacionalista (fujimorismo y aliados) busca desarticular investigaciones que afectan sus intereses.
