Ejecutivo modifica decreto para permitir que FF.AA. actúen contra minería ilegal, terrorismo y narcotráfico junto a la Policía Nacional.
El gobierno de Dina Boluarte ha promulgado la Ley Nº 32307, que modifica el Decreto Legislativo 1095 y amplía las facultades de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para intervenir en el territorio nacional. La norma, publicada en el diario El Peruano, permite que los militares apoyen a la Policía Nacional en casos de minería ilegal, narcotráfico, terrorismo y otros hechos que sobrepasen su capacidad operativa, siempre bajo estado de emergencia. El Ejecutivo tiene 60 días hábiles para adecuar el reglamento a los cambios establecidos.
FF.AA. en zonas de conflicto
Con esta reforma, las Fuerzas Armadas podrán actuar directamente en apoyo a la Policía Nacional en zonas donde operan redes de minería ilegal, una actividad que ha crecido de forma descontrolada en varias regiones del país. Además, la ley también incluye su participación en la protección de instalaciones estratégicas, servicios públicos esenciales y otros casos que justifiquen constitucionalmente su presencia.
La modificación alcanza los artículos 4 y 23 del Decreto Legislativo 1095. La norma precisa que las FF.AA. deben intervenir “previa declaración de Estado de Emergencia” cuando la Policía sea rebasada en su capacidad de control del orden interno, ya sea de forma real o previsible.
Seguridad y represión
La ley se enmarca dentro de una serie de medidas del Gobierno que apuntan a reforzar el control interno. Recientemente, se autorizó también a la Policía Nacional a usar armas de fuego en casos de flagrancia. Según Dina Boluarte, estas medidas buscan “proteger a la policía y restablecer el Estado de derecho, priorizando la seguridad de los ciudadanos sobre la de los delincuentes”.
Con la nueva ley, el Ejecutivo apunta a enfrentar de forma más directa amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y la minería ilegal, que socavan la estabilidad del país y superan la respuesta policial ordinaria. El fortalecimiento del rol militar responde a una lógica de mayor control del territorio mediante fuerzas armadas, bajo la premisa de mantener el orden público.
