Josué Gutiérrez defiende postura constitucional: “Fiscalía carece de competencia para investigar a un presidente en funciones”.
Tribunal Constitucional evalúa demanda competencial que redefiniría los límites de investigación al cargo presidencial.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, asumió una firme posición en defensa de la presidenta Dina Boluarte durante la audiencia del Tribunal Constitucional donde se evaluó la demanda competencial sobre las investigaciones contra la mandataria. Gutiérrez afirmó “categóricamente” que la Fiscalía carece de competencia para investigar a un presidente en funciones, respaldando así la tesis que podría blindar a Boluarte de las 18 investigaciones que actualmente enfrenta.
DEFENSA
CONSTITUCIONAL
DE LA INSTITUCIÓN
PRESIDENCIAL
“Claro que se puede investigar a un presidente de la República. ¿Y quién es el encargado de hacer esa investigación? Revisemos lo que dice nuestra Constitución. ¿De quién es ese atributo, esa prerrogativa
constitucional de investigar? ¿Del Ministerio Público? Podemos afirmar categóricamente que no. ¿Del Congreso de la República?Sí”, declaró Gutiérrez en la audiencia.
El defensor del Pueblo desarrolló su argumentación en torno al artículo 117 de la Constitución, sosteniendo que este no faculta al Ministerio Público para iniciar investigaciones contra un jefe de Estado durante su mandato. “Le debemos dar esta facultad de investigación al Congreso de la República”, enfatizó, desestimando las preocupaciones sobre
posible impunidad.
El amicus curiae presentado por la Defensoría al TC refuerza esta posición, indicando que exclusivamente el Congreso tiene la potestad de investigar, solicitar medidas limitativas y acusar al presidente mientras dure su mandato. Según este documento, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial deberían abstenerse de intervenir durante la investigación parlamentaria.
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
MUESTRA INCLINACIÓN
FAVORABLE
La postura de Gutiérrez encontró eco en el magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse, quien expresó preocupación por la gobernabilidad. “El jefe de Gobierno no puede trabajar con 18 investigaciones abiertas”, señaló el magistrado, sugiriendo que el acoso judicial constante podría desestabilizar la institución presidencial. Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, reforzó estos argumentos al sostener que “el único llamado a investigar y encausar a la presidenta de la República es el Congreso”, alineándose con la tesis de la prerrogativa constitucional del Parlamento.
POSTURA EXAGERADA
DEL PROCURADOR DE
LA FISCALÍA
Reynaldo Miranda Wong, procurador público del Ministerio Público,
intentó generar alarma con afirmaciones desproporcionadas durante la audiencia.Sostuvo que si el TC declara fundada la demanda competencial, todas las investigaciones contra Boluarte deberían archivarse, ignorando que la Constitución ya establece mecanismos
adecuados para la fiscalización presidencial.
El procurador exageró al sugerir que esto equivaldría a una “inmunidad absoluta”, desconociendo deliberadamente que el Congreso mantiene intactas sus facultades fiscalizadoras.
Sus argumentos pasan por alto que la estabilidad de un
gobierno depende también de respetar los límites constitucionales entre poderes.
La postura del Ministerio Público refleja una interpretación constitucional cuestionable que amenaza la gobernabilidad del país.
El excesivo número de investigaciones simultáneas contra la presidenta evidencia un enfoque que, lejos de buscar justicia, parece orientado a obstaculizar el ejercicio del cargo presidencial.
Dato: EL SISTEMA constitucional peruano claramente asigna al Congreso, no a la Fiscalía, la prerrogativa de investigar al presidente en funciones. La demanda competencial busca precisamente restaurar
este equilibrio de poderes que el Ministerio Público parece decidido a ignorar en su afán persecutorio contra Dina Boluarte.
