Álvaro Henzler critica que el JNE cobre 46 soles por desafiliación no solicitadas y pide proceso digital gratuito para afectados
Numerosos ciudadanos han denunciado en redes sociales aparecer como afiliados a partidos políticos sin haber dado su autorización. Ante esto, la Asociación Civil Transparencia exigió que el proceso de desafiliación sea gratuito y digital, ya que actualmente el JNE cobra 46.20 soles por este trámite. Álvaro Henzler, presidente de la organización, lamentó que las víctimas deban pagar por un procedimiento que no solicitaron.
Trámite costoso y burocrático
Según el TUPA del JNE, quienes deseen rectificar una afiliación indebida deben presentar una solicitud presencial con declaración jurada y cancelar la tasa establecida. «Lo aconsejable es que sea gratuito, digital y expeditivo», sostuvo Henzler en Ampliación de Noticias de RPP. Esta medida busca proteger la confianza ciudadana en los procesos electorales, especialmente en vísperas de las elecciones generales de 2026.
Riesgos para la transparencia electoral
El representante de Transparencia alertó que estos casos afectan la credibilidad del sistema, ya sumida en desconfianza por acusaciones de fraude en 2021. «Debemos aumentar filtros y digitalizar procesos, empezando por eliminar el pago a afectados», señaló. Además, enfatizó la necesidad de verificar tanto el padrón electoral general como el de afiliados a partidos.
Propuesta de alianzas para 2026
Henzler también se refirió a los 43 partidos habilitados para las próximas elecciones. Ante este panorama fragmentado, propuso seguir el modelo uruguayo de 2019, donde cinco partidos formaron una coalición con agenda parlamentaria común y gabinete multipartidario. «El Perú necesita alianzas sólidas para evitar crisis de gobernabilidad», afirmó, recordando que los gobiernos con bancadas minoritarias suelen terminar en vacancias o conflictos institucionales.
La organización insiste en que estas medidas son clave para garantizar procesos electorales transparentes y una gestión estable en el próximo gobierno. Mientras tanto, los ciudadanos afectados por afiliaciones indebidas continúan exigiendo soluciones accesibles.
