Tampoco se respetaron los plazos y votos requeridos. Sin embargo, no podrá volver a su anterior cargo.
MAGISTRADO ANDRÉS TAPIA GONZÁLES SOSTUVO QUE EL CONGRESO VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO AL DESTITUIR AL EXMANDATARIO
En un pronunciamiento que ha generado amplio debate en el ámbito jurídico y político, el juez superior Andrés Fortunato Tapia Gonzáles, integrante de la Primera Sala Constitucional de Lima, ha manifestado que la vacancia y posterior acusación contra el expresidente Pedro Castillo se realizaron de manera irregular, vulnerando su derecho al debido procedimiento.
El magistrado Tapia Gonzáles argumenta que el Congreso de la República no cumplió con los requisitos establecidos en su propio reglamento durante el proceso de vacancia presidencial llevado a cabo el 7 de diciembre de 2022.
Según el juez, para reducir el plazo entre laadmisión del pedido de vacancia y su debate y votación, se requería un mínimo de 104 votos (equivalente a cuatro quintas partes del número legal de congresistas). Sin embargo, solo se alcanzaron 101 votos, lo que, a su juicio, representó una reducción irregular del plazo y afectó el derecho de defensa del entonces presidente Castillo.
“Es obvio que se vulneró el ejercicio del derecho al debido procedimiento del actor […] en su manifestación denominada deber
de motivación, pues al expedirse la Resolución Congresal […] publicada el 7 de diciembre de 2022, no se ofrecieron razones
que explicaran por qué se redujo el plazo legal para
debatir y votar el pedido de vacancia con solo 101 votos, cuando se requerían 104”, expresó Tapia Gonzáles en su fundamentación.
A pesar de señalar las irregularidades en el proceso de vacancia, el juez Tapia Gonzáles aclaró que no considera viable la restitución de Pedro Castillo en la presidencia, argumentando que ello podría generar un mayor conflicto y descontrol social en el país.
“Retrotraer el momento hasta antes de la vacancia y del levantamiento del antejuicio de Pedro Castillo generaría un mayor conflicto, caos, anarquía y descontrol social, máxime cuando el caso bajo análisis se encuentra judicializado penalmente y, en dicho escenario, el actorestá ejerciendo su derecho a la defensa”, puntualizó el magistrado.
Pedro Castillo enfrenta actualmente un juicio oral por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública, derivados de su intento fallido de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción el 7 de diciembre de 2022. En la primera jornada del juicio, realizada en marzo de 2025, Castillo se declaró inocente y se presentó como un “presidente constitucional
secuestrado”. La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para el exmandatario.
