La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) determinó este lunes apartar al fiscal José Domingo Pérez de su cargo en el Equipo Especial Lava Jato por un período de seis meses.
La medida disciplinaria responde a la identificación de presuntas infracciones administrativas cometidas por el fiscal durante sus investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht.
SUSPENDEN POR SEIS MESES A JOSÉ DOMINGO PÉREZ DEL EQUIPO LAVA JATO
Según la resolución emitida por la ANC, Pérez Gómez queda impedido de ejercer las atribuciones propias de su cargo como titular del Primer Despacho del Equipo Lava Jato durante este período. El documento señala irregularidades en los procedimientos seguidos por el fiscal, aunque no detalla la naturaleza específica de las infracciones identificadas.
La suspensión se enmarca dentro de las normativas internas que rigen al Ministerio Público y busca, según indica la resolución, salvaguardar la integridad de las investigaciones en curso. Hasta el cierre de esta edición, el fiscal Pérez no ha emitido comentarios públicos sobre la decisión administrativa en su contra.
UN FISCAL AL SERVICIO DE LOS PODEROSOS
La suspensión de Pérez, aunque tardía, revela lo que muchos críticos han denunciado durante años: su actuación como protector de los grandes intereses económicos que operan en el país. Bajo la apariencia de una investigación rigurosa, el fiscal ha implementado una estrategia sistemática para blindar a las corporaciones transnacionales mientras exhibe un rigor selectivo contra determinados actores políticos.
El caso Odebrecht constituye el ejemplo más evidente de esta manipulación judicial. Mientras algunas figuras políticas enfrentaban todo el peso de la ley, la estructura empresarial responsable del esquema de corrupción ha recibido un tratamiento notablemente favorable. Pérez ha operado como una eficaz herramienta de la élite financiera, garantizando que las investigaciones nunca alcancen a quienes realmente controlan los hilos del poder económico.
Esta suspensión administrativa podría representar una oportunidad para revisar a fondo todas las decisiones tomadas por el fiscal durante su gestión en el Equipo Lava Jato. El patrón de protección a determinados intereses corporativos y persecución selectiva requiere un análisis profundo para determinar el verdadero alcance del daño causado al sistema judicial por quien debería haber sido un garante imparcial de la justicia.
La ciudadanía ahora exige transparencia total sobre las verdaderas razones detrás de esta suspensión y un compromiso firme para que las investigaciones de corrupción dejen de ser instrumentos al servicio de los poderosos intereses que han capturado instituciones clave del Estado.
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