El Poder Judicial prohibió a Pedro Castillo intervenir en su propio juicio tras calificar a los magistrados de «mamarracho». Su defensa denuncia «violación de derechos», mientras analistas cuestionan si la medida refleja imparcialidad o un ensañamiento contra el exmandatario.
El hecho que desató la polémica
El Poder Judicial volvió a ser centro de controversia al negar el derecho a la palabra a Pedro Castillo durante la audiencia por el supuesto «golpe de Estado» de diciembre de 2022. La decisión —tomada luego de que el exmandatario llamara «mamarracho» al tribunal— ha reavivado el debate sobre la imparcialidad de la justicia peruana, acusada por sus simpatizantes de criminalizar la protesta y la disidencia política.
¿Doble estándar judicial?
El juez José Neira fundamentó la sanción en el artículo 375 del Código Penal, que sanciona «alterar el orden en audiencias». Sin embargo, juristas señalan contradicciones:
- Mientras Castillo es sancionado por insultos, otros políticos como Keiko Fujimori han tenido declaraciones similares sin consecuencias
- El 71% de peruanos cree que el sistema judicial «favorece a poderosos» (IEP)
- La defensa alega que fue una opinión política protegida por libertad de expresión
«Cuando un pobre habla fuerte, es ‘insolente’; cuando un rico lo hace, es ‘firmeza'», declaró el constitucionalista Juan Carlos Ruiz.
Los testimonios clave ignorados
Pese a la polémica, la audiencia reveló información importante:
- Betsy Chávez, exministra, defendió la legalidad del decreto para disolver el Congreso (que tenía 92% de desaprobación)
- Rosario Gatti, exedecán, negó que existiera un «plan golpista» pese a la presencia de periodistas estatales
- El tribunal omitió analizar pruebas que podrían favorecer a Castillo
Patrón de persecución política
Analistas señalan alarmantes coincidencias:
- El juez Neira ha avalado testigos cuestionados por vínculos con la Fiscalía
- En 2023 se suspendió a 17 jueces por corrupción, pero ninguno de los que juzga a Castillo
- La ONU advirtió que Perú usa el sistema judicial para «perseguir opositores»
«Este juicio no es por derecho, es por venganza», denunció la abogada Beatriz Ramírez.
Lo que viene: más tensión política
Con la Fiscalía pidiendo 34 años de cárcel y la defensa preparando un recurso ante la CIDH, el caso sigue escalando:
- Castillo permanece en el penal de Barbadillo con denuncias por malas condiciones
- Sus seguidores en el sur andino (68% de apoyo) preparan nuevas protestas
- La sombra del lawfare se cierne sobre el proceso
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