EN RESPUESTA a jueza suprema Janet Tello, ente autónomo subraya que jueces están sujetos a control por sus actuaciones jurisdiccionales
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reafirmó su competencia exclusiva en la investigación y sanción de faltas cometidas por jueces supremos, en torno al procedimiento disciplinario seguido a la jueza suprema caviar Janet Tello Gilardi y otros cuatro magistrados por su actuación funcional en el año 2024 como integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
Según el comunicado n.º 001-2025-JNJ, la JNJ garantiza el respeto absoluto al debido proceso y al derecho de defensa de los jueces investigados. La entidad enfatizó que todos los magistrados tienen la oportunidad de ejercer su defensa conforme a las garantías establecidas por la Constitución y las leyes del país.
En el documento, suscrito por el presidente de la Junta Nacional de Justicia, doctor Gino Ríos Patio, también se subraya que la actuación disciplinaria del organismo autónomo se enmarca dentro de las funciones que le han sido asignadas por la Constitución y la ley.
En este sentido, recalca que la Junta Nacional de Justicia es el único órgano competente para fiscalizar y, de ser necesario,sancionar las conductas de los jueces supremos, asegurando que se cumplan los principios de legalidad, transparencia y objetividad.
Asimismo, la JNJ destacó su respeto por la independencia judicial, un principio fundamental en el ordenamiento jurídico peruano. No obstante, precisó que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces están sujetos a control por sus actuaciones jurisdiccionales. Este control no solo es una obligación institucional, sino también un mecanismo esencial para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
La denuncia que originó este procedimiento fue presentada por el ciudadano Julio Ramón Cadenillas Díaz el 4 de noviembre de 2024, es decir durante la gestión del anterior Pleno de la JNJ, dominada por los caviares (De la Haza, Zavala, Vásquez y Tumialán), que no quisieron abordar el caso.
Finalmente, la Junta Nacional de Justicia reiteró su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas y el fortalecimiento del Estado de derecho, y que sus acciones se desarrollan con base en la ley y en el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, reafirmando así su papel en la fiscalización de la conducta de los magistrados del país.
