POLÍTICOS Y ABOGADOS COMO BETSSY CHÁVEZ O MATEO CASTAÑEDA SON HOSTILIZADOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En algunos casos, como Nicanor Boluarte, hasta sobres y anónimos son dejados en sus domicilios.
En los últimos años, el panorama político peruano ha estado marcado por una serie de procesos judiciales y denuncias que involucran a destacados personajes políticos. Entre ellos se encuentran Vladimir Cerrón, Nicanor Boluarte, la ex jefa de gabinete Betssy Chávez y, finalmente, el expresidente Pedro Castillo, quienes han señaladoser víctimas de una presunta persecución por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.
A continuación, se detallan los casos de cada uno: El expresidente Pedro Castillo enfrenta un juicio por los delitos de rebelión y abuso de autoridad, relacionados con el fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo. El juicio oral está programado para iniciar el 4 de marzo de 2025 y se llevará a cabo tres veces por semana en el penal de Barbadillo. Sin
embargo, constantemente los medios de comunicación lo hostilizan debido a su origen provinciano.
Por otro lado, la ex primera ministra Betssy Chávez también está siendo procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. El Poder Judicial
dictó una medida de prisión preventiva de 18 meses en su contra, la cual fue ampliada
por 15 meses adicionales en diciembre de 2024. Chávez permanecerá en prisión hasta
el 19 de marzo de 2026.
En tanto, el fundador y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha sido objeto
de múltiples investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Junín. Cerrón ha denunciado en diversas ocasiones ser víctima
de una persecución política y judicial, argumentando que las acusaciones en su
contra carecen de sustento y buscan desestabilizar su carrera política. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, aunque no ocupa un cargo público, su cercanía con la mandataria lo ha colocado en el centro de diversas investigaciones.
Boluarte ha manifestado que estas acusaciones forman parte de una campaña de
desprestigio en su contra y en contra de su familia.
Se ha llegado al extremo de continuar acosándolo en diversas modalidades, incluso dejando supuesta documentación debajo de su casa o grabar permanentemente la fachada de su domicilio.
Los involucrados y sus seguidores sostienen que estas acciones judiciales responden
a una estrategia de persecución política destinada a neutralizar a líderes opositores y críticos del actual gobierno.
Argumentan que el uso del aparato judicial con fines políticos socava la democracia y el
Estado de derecho en el país. Por su parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial han afirmado que todas las investigaciones y procesos se realizan en estricto cumplimiento de la ley y con respeto al debido proceso. Señalan que nadie está por encima de la ley y
que es su deber investigar y sancionar cualquier acto de corrupción o delito cometido por funcionarios públicos, independientemente de su posición o afiliación política.
La tensión entre las denuncias de persecución política y la labor de las instituciones judiciales refleja la complejidad del escenario político peruano actual. Es esencial que las investigaciones se conduzcan con transparencia y objetividad, garantizando el respeto a
los derechos fundamentales y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
CASTILLO: PIDE
VIGILANCIA ELECTRÓNICA
El expresidente Pedro Castillo demanda afrontar bajo vigilancia electrónica el
proceso que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública e insistió en su pedido al Poder Judicial para que ordene el cese del mandato de prisión preventiva que pesa en su contra y se le imponga vigilancia electrónica en el proceso penal que se le sigue por su fallido golpe de Estado
del 7 de diciembre del 2022.
La defensa legal de Castillo Terrones demanda que se revoque la resolución impugnada, que declara infundada la solicitud de cese de prisión preventiva y, por tanto, se le otorgue a su defendido la vigilancia electrónica.
Ante ello, el magistrado Checkley resolvió, el último 12 de febrero, “conceder” este recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que si
lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación del Castillo desde el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo,
Ate, y escuchar a las demás partes involucradas. La defensa legal del exjefe
de Estado ampara su solicitud de vigilancia electrónica a favor de su patrocinado en el numeral 1, del artículo 283° del Código Procesal Penal, y en virtud del Decreto Legislativo N.º 1322 y D.S. N.º 016- 2017-JUS, que regula la vigilancia electrónica con la finalidad de contribuir con la disminución de los niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.
BETSY SEGUIRÁ RECLUIDA
La exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chavez, seguirá recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la resolución judicial que amplió por 15 meses el plazo del mandato de prisión preventiva que pesa en su contra como parte del
proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de Estado
que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.
El tribunal supremo adoptó esta medida al declarar infundado el recurso de apelación que presentó Chávez Chino, a través de su defensa legal, para que se revocara la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 27 de diciembre del 2024, en la que ordenó una prórroga de 15 meses del plazo del mandato de prisión preventiva que se le impuso a raíz de este caso y reformándolo se ordenara su inmediata libertad y se le impusiera una medida menos gravosa.
La sala presidida por el juez supremo César San Martin también declaró “infundado”
el recurso de apelación que presentó la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos con el que buscaba que se incremente a 18 meses el plazo de la ampliación del mandato de prisión preventiva que cumple la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez a raíz de este proceso penal.
