Medida significa un retroceso y el retorno a la represión fujimontesinista de los noventa.
CONSEJO DE ESTADO vuelve a las viejas prácticas represivas de la derecha fujimorista.
Como en los tiempos de la época fujimorista, impregnado de prácticas represivas, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció en Palacio de Gobierno distintas medidas en materia de seguridad ciudadana, justicia y crimen organizado, control migratorio y crecimiento económico, a escasos días del Foro de la APEC en nuestra capital.
En conferencia de prensa, la jefa de Estado informó que en el Consejo de Estado decidió establecer un marco legal que respalde a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza para el cumplimiento de sus deberes.
Además, se determinó que estos efectivos serán juzgados exclusivamente en el fuero militar-policial. “Hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, determinando que sea el fuero militar policial el único donde podrían ser juzgados cuando hagan uso de sus armas de reglamento y siempre con previo informe de la Inspectoría como requisito de procebilidad”, se lee entre los acuerdos.
Esta decisión nos retrotrae a los tiempos de la lucha contra el terrorismo, cuando el Estado, frente a
una creciente ola de violencia en Lima y el interior, aplicó diversas medidas como los tribunales militares o los jueces sin rostro, que en varias oportunidades juzgaron de manera equivocada a los detenidos.
DEFENSA DE MODELO
ECONÓMICO
Asimismo, llama la atención la parte declarativa en lo concerniente al modelo económico, al resaltar que “nos ha permitido un crecimiento económico que cerrará con un crecimiento de 3,2% y (…) una balanza comercial con resultados positivos”. También se reafirmó el “compromiso para empoderar al país con el hub portuario y aeroportuario sudamericano que permitirá un mejor desarrollo de nuestra economía y comercio exterior”.
Además, los tres poderes del Estado se comprometieron a establecer una mejor distribución y uso de recursos para atender las necesidades institucionales y “rechazar las amenazas contra nuestro modelo económico y la industria extractiva al constituir un peligro contra nuestra seguridad nacional”. Música para el fujimorismo.
Seguridad ciudadana
l Formulación el marco legal constitucional que garantice a los miembros de la Policía Nacional del Perú a hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, determinando que sea el fuero militar policial el único donde puedan ser juzgados, con previo informe de la inspectoría como requisito.
l Articulación de todas las entidades en la formulación de leyes referidas a la lucha contra la inseguridad y crimen organizado.
l Aprobar el marco normativo para el uso de recursos directamente recaudados de los gobiernos regionales y locales para la lucha contra la inseguridad y crimen organizado.
l realizar acciones conjuntas en la prevención del delito, en el marco de la protección a los niños y adolescentes, estableciendo un régimen excepcional para los menores que sean autores de los crímenes.
l Formular ley para establecer la situación legal de los docentes militantes del Movadef el cual ha sido declarado ilegal, garantizando su alejamiento de aulas.
l Aprobar leyes que permitan fortalecer a la Policía a través de la compra voluntaria de los servicios del personal de franco y vacaciones, así como fortalecimiento que permita a la policía el pase a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros excepcional y extraordinario para mejorar las capacidades operativas.
l Autorizar al Ministerio del Interior la transferencia de recursos no certificados a gobiernos locales en estado de emergencia para la compra inmediata de logística para la seguridad ciudadana en apoyo a la Policía quien brindará las especificaciones técnicas de los bienes.
l Establecer un régimen especial en la ley de contrataciones del estado a la compra para la lucha contra la inseguridad ciudadana y crimen organizado con el control concurrente de la contraloría general.
Justicia y crimen organizado
l Ratificar la decisión de 16 unidades de flagrancia y continuar con esta política de estado.
l Disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales y construcción de nuevos, además de la reorganización del
Instituto Nacional Penitenciario.
l Establecer un marco legal que eleve las sanciones
penales para los corruptores de servidores públicos,
miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
l Aprobación de leyes que tengan por objeto:
- Medidas de protección a los denunciantes víctimas
de sicariato, extorsión y banda criminal. - Congelamiento de cuentas bancarias utilizadas
por extorsionadores. - Incrementar las penas de extranjeros expulsados
que ingresen de forma irregular al país.
Control
migratorio:
l Formular una política de migración interna a efecto de regular el ingreso y permanencia de extranjeros en
el país.
l Establecer un marco legal que regule la prestación de servicio de transporte por parte de personas extranjeras, estableciendo requisitos y sanciones.
l Ampliar y fiscalizar los requisitos formales para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional.
l Disponer que la Sunafil efectúe visitas y operativos inopinados a centros laborales para determinar la existencia de personas extranjeras que trabajaban de forma irregular.
l Reforzar el control migratorio en nuestras fronteras.
l Revisar la política de movilidad humana en migraciones, refugio y peruanos en el exterior.
