Una serie maniobras vienen realizando un grupo de congresistas de la República y de representantes del Ministerio público con la única intención de evitar que Patricia Benavides vuelva a asumir la titularidad de la Fiscalía de la Nación y, de paso, bajarse a la presidenta de la República, Dina Boluarte.
Clara fue la opinión del abogado Ángel Delgado respecto a lo que se viene gestando, por parte de algunos fiscales y gente del entorno de esta institución, con el claro propósito de manejar las riendas del Ministerio Público, a su antojo.
“Hay un prejuzgamiento que lo que quiere es alejar a Patricia Benavides de la Fiscalía para que quienes hoy ocupan, y ocuparon antes el Ministerio Público y lo usaron políticamente en los tiempos del “lagarto” Vizcarra, lo sigan haciendo”, afirmó.
Existe una campaña caviar para evitar, a toda costa, que Patricia Benavides asuma nuevamente las riendas de la Fiscalía de la Nación, como corresponde, por lo que vienen interponiendo una serie de recursos para lograr su propósito.
Está, por ejemplo, la decisión de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal Delia Espinoza, que no solo recusó al magistrado Juan Carlos Checkley, sino que se anunció su incorporación como investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico, en su condición de juez supremo provisional.
La propia Espinoza pidió, en lo que parece una misma jugada de ajedrez, la Justicia la suspensión durante 36 meses de Patricia Benavides para investigarla por una serie de cargos que incluyen organización criminal, cohecho, patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias, lo que se verá en audiencia el próximo miércoles 22.
“TODO SE VALE”
Para el exlegislador Jorge del Castillo, defensor legal de Patricia Benavides, todo está claro: hay una intención de evitar que la suspendida fiscal de la nación vuelva al cargo, para lo que vienen utilizando una serie de artimañas políticas que no le pueden resultar. “Yo los veo desesperados, esa es la palabra, desesperados. Le tienen pánico a que Patricia Benavides pueda volver a la Fiscalía de la Nación.
Entonces, todo vale, todo vale. En los 20 días que faltan me imagino qué más cosas sacarán. Realmente es impresionante la odiosidad con la que un sector politizado se maneja en este tema”, apuntó.
Del Castillo señaló que el juez Checkley es quien debe resolver el pedido de suspensión contra Benavides, pero este le acaba de decir a la misma fiscal Espinoza, en base a las mismas pruebas, porque no hay otras nuevas, que esas pruebas no son suficientes para impedirle la salida del país. “Si no son suficientes para impedir la salida, menos van a ser suficientes para suspenderla 36 meses, lo cual sería un abuso”, aseveró.
“Ahora, la doctora Espinoza no se queda cruzada de brazos porque sabe que va a perder. Entonces, qué ha hecho, recusa al juez Checkley, lo recusa. ¿Por qué lo recusa?, porque no le dio gusto que, en su petición anterior, ella quiere un juez a su medida, así quieren manejar la justicia”, agregó el también expremier.
Frente a esta ola de movidas, el también abogado Humberto Abanto hizo un público llamado a los parlamentarios demócratas para que frenen la maquinaria caviar que pretende, una vez más, hacerse de la Fiscalía de la Nación, lo que sería muy peligroso para
el país.
“Aquí los congresistas sería bueno que despierten, porque aquí tiene que haber una norma que pare este asunto. No puede quedar un país secuestrado en manos de un grupo de fiscales que tienen la decisión de acabar con el Gobierno y de controlar un órgano tan peligroso como el Ministerio Público”, manifestó.
Sectores caviares del Congreso
van contra Dina Boluarte
La jugada no estaría completa si no solo se logra evitar el regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía, sino que también se debe evitar que Dina Boluarte siga en Palacio de Gobierno. Para ello, en el Congreso se han presentado hasta tres mociones de vacancia por una presunta “incapacidad moral”, las cuales, claro está, no tiene las firmas necesarias para ser admitidas. La primera moción cuenta con la firma de 28 legisladores (Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Podemos Perú y no agrupados; la segunda con 26 (Cambio Democrático-Juntos por el Perú y una de Somos Perú) y la tercera también con 26 (Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y no agrupados). En la próxima sesión plenaria se someterá a debate la admisión de las tres mociones de vacancia presidencial. En caso de que alguna de ellas logre el 40 % de votos hábiles a favor, será admitida a debate.
