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Wampis detienen a 9 rehenes: exigen presencia de premier Gustavo Adrianzén para negociar

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Denuncian que policías de la zona son socios de los mineros ilegales que han invadido sus tierras
“No los soltaremos hasta que erradiquen las 25 dragas, que contaminan nuestros ríos” afirman

Ayer el país se enteraba por la radio que en el río Santiago, conocido por ser frontera con el Ecuador, los comuneros de la nación Wampis habían detenido a un grupo de nueve personas, seis mineros informales y tres de miembros de la PNP,
quienes conducían una draga con la presunta intención de ponerla a extraer oro.
El hecho, que no es sino la saga de una sistemática invasión de estas pacíficas comunidades nativas, causó conmoción en la capital tanto por la denuncia que los policías eran socios de los mineros informales y de que no serían liberado hasta que no abandonen definitivamente la zona, lo que ha motivado que una comitiva oficial parta al lugar de los
hechos.
NACIÓN WAMPIS
Los Wampis son un pueblo indígena originario perteneciente a la familia lingüística Jíbaro. Al igual que otras culturas de la alta Amazonía, se forjaron en una forma de vida guerrera, que les permitió hacerse de un espacio territorial propio que abarca un área amazónica extensa, entre el sur de Ecuador y el norte del Perú. Actualmente, sus comunidades viven entre dos importantes ríos: el Morona y el Santiago, que les sirven de vía de acceso y comercio con el territorio nacional.
Su población se ubica, mayoritariamente, en el departamento de Amazonas, provincia de Condorcanqui y distrito de Río Santiago, parte de la zona Alto Marañón, que comparten con el pueblo Awajún. El Alto Marañón limita al norte con el Ecuador, con el límite natural de la Cordillera del Cóndor.
En el 2015, las comunidades acordaron formar ahí el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, que los representa y administra sus actividades. Junto con su par la nación Awajún, cinco mil miembros de estas comunidades se enfrentaron a las fuerzas estatales en protesta contra la explotación de hidrocarburos, en el llamado “Baguazo”, que causó más de 30 muertes de civiles y policías.
El pueblo indígena denuncia la complicidad de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes alertarían a los grupos ilegales sobre las operaciones de interdicción para que oculten sus equipos y continúen con sus actividades sin enfrentar consecuencias.
Los ríos que cruzan suterritorio tienen un alto contenido de oro aluvial y ese es el problema que hoy los aqueja. Aprovechando el aislamiento y la lejanía de las autoridades, paulatinamente grupos de mineros ilegales han venido instalando 25 dragas que contaminan la zona. Desde hace meses, sus representantes han elevado comunicaciones denunciando estos hechos, pero ninguna ha tenido respuesta.
Por ello, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis la semana pasada adoptó la decisión de enfrentar directamente a los invasores, como lo informó públicamente Teófilo Kukush Flores, el presidente de ese organismo.
POLICÍAS CÓMPLICES
El 18 de abril se produjo la primera intervención. Una lancha, en la iban la maquinaria con nueve personas a bordo fue interceptada, a la altura del centro poblado Villa Gozalo. Tres de los pasajeros vestían uniforme policial, poco antes de ser interceptados se vio que echaban al agua sus armas de reglamento. Todos fueron detenidos por los nativos y llevados a tierra. Todos los retenidos se encuentran en una casa designada por el jefe de la comunidad, como se puede ver en la foto que ellos difundieron. Por su parte, el secretario técnico adjunto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Kefren Graña, reveló que fueron los propios policías retenidos quienes les habrían confirmado que eran “socios” de una concesión minera en la zona y que por eso acompañaban al personal que iba a operar la maquinaria. Es decir, la policía, en lugar de proteger a la comunidad, está asociada con los delincuentes ambientales, acotó.
“No vamos a soltar a ninguno de los retenidos, porque nos tienen que hacer caso. Primero, tienen que desalojar a los mineros ilegales y ahí podemos entregarlos porque muchas veces se les denuncia a las autoridades locales y estas
no hacen nada. Por ello, estamos pidiendo que venga a la zona una comisión de alto nivel para resolver el problema de fondo precisó el dirigente.