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Concesionarias de corredores incumplieron sus obligaciones

Informe de la Contraloría advierte que no emplearon la flota ofrecida y cobraron de forma indebida un beneficio en época de Covid, entre otras irregularidades.

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La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú (ATSUPER) advirtió que las empresas concesionarias de los corredores complementarios pretenden sorprender a las autoridades haciéndose las víctimas, cuando el informe de Auditoría N° 29026-2023-CG/APP-AC de la Contraloría General de la República, dice que se ha detectado el incumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios respecto a la flota y áreas de patios.
Destacan como ejemplo que, en un Corredor de 272 buses ofertados, el concesionario solo puso a operar 30 buses y respecto a los patios sucede lo mismo. En un paquete se verificó que del 100% de área exigida el concesionario solo cumplió con el 28.76%. repitiéndose situaciones similares en la mayoría de los paquetes.
Asimismo, la Contraloría detectó que, tanto Protransporte como la ATU en sus respectivos periodos, otorgaron a los concesionarios la suma de S/ 172,146,971.80 por la emergencia del COVID-19, cuando conforme al contrato, dicho reconocimiento respondía solo a los gastos adicionales por la emergencia y no a cubrir los gastos ordinarios de operación.
La ATSUPER sostiene que los concesionarios siempre exigen a la autoridad el cumplimiento del contrato cuando, según la Contraloría, los concesionarios son los que incumplen.
“Esto ha afectado la calidad de vida de los usuarios pasajeros de todo Lima y el Callao. Se retiraron muchas rutas de transporte tradicional y los concesionarios no operan la flota exigida, en consecuencia, existe abandono del servicio. En la Defensoría del Pueblo se vienen presentando innumerables quejas por falta de servicio, sobre todo del distrito de San Juan de Lurigancho”, dice el comunicado.

ALGO MÁS
CANCELACIÓN. Ante ello, la Asociación de Transportistas exhorta a las autoridades del Gobierno Nacional y de la ATU a no dejarse amedrentar e iniciar el proceso de cancelación por los incumplimientos de los contratos verificados por Contraloría.